El Gobierno Nacional insiste en eliminar las pruebas de admisión, que muchas universidades del país aplican. La realidad es que la demanda de aspirantes es creciente. Los cupos que ofrecen las Aldeas Universitarias, la Universidad Bolivariana de Venezuela y la UNEFA, no son vistas con simpatía por los estudiante. Los aspirantes prefieren ingresar en las universidades de reconocida calidad y en las carreras de previsible éxito laboral.
La ULA tiene alrededor de cincuenta mil estudiantes de pregrado. Cada año se inscriben en las pruebas de ingreso, un número similar. Adicionalmente, en los últimos años no se han repuesto los cargos, de más de cuatrocientos profesores tiempo completo equivalente jubilados, por falta de presupuesto que debe suplir el Gobierno Nacional.
La realidad que se vive hoy es: aumento de las solicitudes de ingreso y disminución de profesores para atender la matrícula existente. Eliminar las pruebas de admisión pone a las universidades ante el dilema de determinar a ciegas a quién aceptar o plegarse a las exigencias políticas como la formulada, a la UPEL en días pasados, por el Ministro de Educación Superior: aceptar a un grupo de los suyos, porque sí.
La ley las universidades establece, en el numeral 9 del artículo 26, que son los Consejo Universitarios, los encargados de fijar “… el número de alumnos para el primer año y determinar los procedimientos de selección de aspirantes…” Hasta que no sea modificada la ley, la responsabilidad para determinar el ingreso esta claramente definida. Cambiar esto sin transformar la ley es ilegal y las exigencias del ministro son atrabiliarias.
La evidencia científica internacional indica, que las pruebas de evaluación son influenciadas por las condiciones socioeconómicas de quienes las presentan. Por ello, es muy importante que se cuide en extremo la calidad de las mismas y se minimicen los factores de exclusión de origen socioeconómico y cultural de las mismas, cosa que se puede hacer si hay conciencia de ello y capacidad técnica.
Hace un tiempo un amigo me pidió que le ayudase para que su hijo ingresara a la ULA. Nuestra respuesta fue similar a la que doy siempre. En primer lugar pregunté el promedio de sus notas de bachillerato y qué carrera quería estudiar. El promedio era bueno aunque no excelente. Al saber la carrera –una de ciencias de la salud- la cosa me pareció que se ponía muy difícil. Le indiqué: debe prepararse lo mejor posible para la prueba.
El amigo me miró descorazonado. Sonrió con cierta resignación y me dijo: “ya entiendo”. A los días me manifestó: “mi muchacho ingresó”. El Junior, como lo llama su mamá, está a punto de graduarse de odontólogo. Para financiar sus estudios, que son muy costosos, los fines de semana trabaja de mesonero en una pizzería.
Sin esfuerzo individual no hay éxito posible. El Estado debe velar por ofrecer oportunidades educativas de calidad y apoyar con medidas compensatorios a quienes tienen carencias socioeconómicas y culturales. Eliminar las pruebas de ingreso es como vender el sofá.
Publicado inicialmente en Diario de Los Andes, Mérida jueves 17 de junio de 2010, p. 7.
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