VENEZUELA 2016: INTERROGANTES Y CERTEZAS.

Por José Mendoza Angulo

¿Quién es el dueño de la voluntad popular? ¿Cómo se comprueba esa propiedad?

Foto Google  de El Carabobeño.

“Les recuerdo una escena de Macbeth. Macduff prepara el asalto definitivo al castillo del tirano y necesita el apoyo de Malcolm, hijo del rey asesinado por Macbeth, así que le propone el trono cuando derroquen al usurpador. Malcolm quiere saber cuánto hay de noble afán o de mero oportunismo en esta propuesta: advierte a Macduff que él está lleno de defectos como Macbeth, porque es sumamente ambicioso, injusto, ávido de riquezas, violento, incapaz de contener su insaciable lujuria…


 Macduff, al que le interesa ante todo vengar la muerte de su hijo, va minimizando los pecados que se atribuye falsamente el joven príncipe, dispuesto a aceptarle cualquier vicio a fin de contar con ese imprescindible aliado. Una excelente muestra de la penetración política de Shakespeare. Finalmente, Malcolm descubre la superchería y acepta acompañar a Macduff, pero queda la duda de que quizá el resultado hubiera sido igual si todas sus autoacusaciones fuesen ciertas. Lo importante era la venganza y recobrar el trono” (Tomado de artículo de Fernando Zavater titulado Aún así y publicado en El País de España el 25/06/2016).

Los comentarios que siguen están formulados con la sola intención de aportar elementos que nos permitan comprender la oportunidad y pertinencia no sólo de llevar adelante el diálogo político que está planteado en la actualidad en el país entre el gobierno y los sectores democráticos sino de intentar barruntar la posibilidad de resultados concretos.

Primera visión.

Los venezolanos estamos caminando en la actualidad sobre el cortante filo de una navaja. El país está convertido en un polvorín. Como el fuego desatado en los bosques en tiempos de verano, la candela prende por todas partes y su dirección tanto como su fuerza está a merced de los caprichos de un viento huracanado que nadie controla. La combustión inmediata estimuladora de las airadas reacciones individuales y colectivas que se registran a diario es provocada por el violento empobrecimiento de vastos sectores de nuestra sociedad, la acelerada desaparición de las clases medias, la aguda escasez de bienes y servicios esenciales junto al alza febril de los precios, la inseguridad de vidas y propiedades y el progresivo establecimiento de un Estado opresivo que ha hecho de la obsesión por mantener el poder y de la represión sus únicas políticas.

Las condiciones que han determinado esta peligrosa deriva de la política nacional son la insana división social y política que se ha propiciado desde el poder entre los promotores y partidarios de un llamado “nuevo tiempo político”, adalides de una sedicente revolución, y las expresiones personales o grupales del estado de cosas desplazado por las fuerzas emergentes; el odio inoculado en el espíritu de miles de compatriotas que ha logrado penetrar hasta el seno de los ambientes familiares; el uso de un lenguaje agresivo y descalificador en la confrontación política; la conversión de la fuerza armada nacional en actor partidista destacado de la nueva situación regresándola a la antigua cualidad de árbitro político del país al margen de la constitución, las leyes y del querer de la mayoría de los venezolanos; la formación de organizaciones paramilitares para agredir y amedrentar a la disidencia del gobierno, y la desinstitucionalización total de la vida nacional. Y la fuente que alimenta el pantano social que hoy chapoteamos es una grave y prolongada crisis general, profunda y compleja, verdadera crisis histórica no resuelta ni encarada asertivamente que afecta la existencia y el desenvolvimiento normal de nuestra nación en los dominios económico, social, político, institucional, espiritual y ético.

El cuadro del país que acabamos de delinear nos lleva a la conclusión de que Venezuela está urgida de un nuevo sueño de país, de la regeneración del proyecto nacional y de una organización institucional que sea la expresión de la ruptura radical con el populismo, el militarismo, el rentismo, el estatismo, el nacionalismo, el capitalismo salvaje y el capitalismo de amigos. Ahora bien, mientras se elaboran acabadamente las formulaciones teóricas fundamentales y se construye el acuerdo político nacional requerido para alcanzar ese propósito de mediano y largo plazo, pero antes de que la desesperación social se una con la ira colectiva y la irracionalidad se convierta definitivamente en el patrón de conducta de los venezolanos, por razones de la mayor entidad es necesario encarar con inteligencia y prontitud la complicada coyuntura actual si no queremos correr el riesgo cierto de que la situación presente termine en un baño de sangre.

Segunda visión

Con todo y el inquietante panorama político nacional que acabamos de pergeñar sostenemos que, por vía de la comparación histórica al menos en América Latina, la gravedad de los hechos no ha alcanzado todavía entre nosotros el calado que ya hemos visto en otros países e incluso un poco más atrás en la propia Venezuela. Los costos humanos de la violencia política del último tercio del siglo XX vivida en los procesos de lucha armada revolucionaria de nuestro país, Bolivia y Perú; o la impuesta por los regímenes militares de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile; o la sufrida en los conflictos armados de Centroamérica, y por supuesto la derivada de la pesada herencia de la guerra larvada colombiana que después de más de cincuenta años pareciera acercarse a su fin, superan a la que existe hoy en Venezuela. Pero, y aquí está la diferencia, el potencial de devastación que hoy se acumula en nuestra sociedad supera las condiciones de conflictividad que existían en todos esos países antes de que la violencia abierta ocupara el primer plano del entramado político de cada nación.

Sin que en Venezuela tengamos una guerra en el sentido convencional del término, desde hace ya bastante tiempo sufre una sangría demográfica que le ha restado cuantiosos recursos humanos calificados. La descapitalización humana del país por la calidad de los recursos que se están perdiendo está dejando un vacío que será difícil de llenar a corto plazo. Paralelamente se ha venido instalando en el seno de nuestra sociedad una tupida red delictiva propiciada por millones de armas en manos desconocidas fuera del control del Estado; la existencia de organizaciones al margen de la ley en las que se borran los linderos entre lo específicamente criminal y lo político que además encuentra socios y cómplices entre integrantes de los organismo de seguridad; y un sistema de administración de justicia maleado que favorece la impunidad. Y, si faltara algún otro elemento para agravar la inquietud, se ha convertido en una mecha prendida la carga emocional de miles de compatriotas por causa de la impotencia para conseguir comida y medicamentos; de las invectivas, descalificaciones e insultos que se prodigan sin distingos desde el poder con la generosidad que no existe para ofrecer bienes y servicios esenciales y que son capaces de producir heridas más profundas en los espíritus que las que dejan las agresiones físicas. Sumemos de todas maneras la rabia guardada por los despidos arbitrarios de los cargos y empresas públicos, por los daños causados a los propietarios de medios de producción, por los agravios a los presos y perseguidos políticos. Y póngase el broche de la puja siniestra que se ha establecido a la sombra de esta pesadilla entre el narcotráfico y el dinero mal habido por la corrupción en niveles de la administración pública que asombran.

¿Una divisoria final de aguas?

Los actos conmemorativos del 5 de julio de 2016 mostraron patéticamente la cruda realidad institucional de la Nación, desecha en este momento. En nuestra opinión, sin embargo, muestran algo más. Como mera referencia para los comentarios que siguen evoquemos el contenido del artículo 136 de la Constitución de la República. El texto de esa disposición constitucional pauta que “el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. Este es el esquema político operativo de una democracia que funcione conforme a las pautas de la ley fundamental del país. Veamos ahora las cosas en su real desempeño.

La tradición de muchos años ha impuesto que la conmemoración del 5 de julio de 1811 sea un acto compartido por todos los Poderes Públicos y el epicentro de la celebración es el Poder Legislativo Nacional. La razón no debería hacer falta repetirla pero el evento llevado a cabo en este 2016 obliga a recordarla. El 5 de julio de 1811 tuvo lugar el acto civil de mayor trascendencia en toda nuestra historia republicana, la firma del acta de la independencia nacional. Y decimos el acto civil de mayor trascendencia porque no fue el resultado de una acción militar sino el producto de las convicciones y del talento puestos al servicio de la nueva Nación por los diputados reunidos en el Congreso Constituyente de 1811 que una vez tomada su determinación remitieron el texto al Poder Ejecutivo de entonces (el triunvirato integrado por los civiles Cristóbal Mendoza, Juan de Escalona y Baltazar Padrón) para que lo refrendaran y lo hicieran publicar, lo cual ocurrió el 8 de julio de 1811. Desde el 5 de julio de 1911(un siglo más tarde) el Acta de Independencia de Venezuela se guarda en un arca especial instalada en el Salón Elíptico del Palacio Federal de Caracas, asiento del Poder Legislativo de la República. Desde entonces y hasta el 5 de julio de 2016 en cada aniversario se seguía más o menos el mismo protocolo: el Presidente de la República se trasladaba al Congreso en horas de la mañana, abría el arca que guarda el acta de la independencia, luego las representaciones de todos los poderes se reunían en sesión especial conmemorativa en la sede del Parlamento y después se cumplían cualquier otro tipo de actos programados por el Congreso o por el gobierno.

Desde 1911 los jefes de los gobiernos militares que el país tuvo siempre se asociaron a la celebración de la fecha histórica reconociendo el protagonismo del Congreso de la República y aunque halaban tanto como pudieran la brasa para la sardina de la institución militar que en estricto sentido histórico no tuvo en 1811 la figuración que en algunos momentos ha reclamado, respetaron la precedencia civil. Este año, el civil Presidente de la República en lugar de asistir a la conmemoración cívica en el lugar histórico pautado decidió encabezar un acto militar a la misma hora del celebrado en la Asamblea Nacional, en los espacios reservados para las celebraciones castrenses del país. Hasta allí se hizo acompañar de los representantes de los poderes públicos afines al gobierno y allí se escuchó ese día la estentórea vociferación de un general al proclamar su lealtad chavista, su adhesión a la “ideología de la revolución bolivariana” y el anuncio, innecesario por obvio, de que los militares tenían las armas para probar esa lealtad e imponer la ideología a la que está amarrada.

Desde la perspectiva del sesgo que ha tomado, sobre todo en el transcurso de los últimos tres años, la dinámica política nacional, así como del carácter complejo de la naturaleza política del régimen, los hechos que terminamos de referir tienen para nosotros una significación que queremos destacar porque muy probablemente marcará de alguna o de muchas maneras el desenlace de las contradicciones a las cuales se enfrenta en la actualidad nuestra sociedad.

Hace once años, en el ensayo que publicamos bajo el título Venezuela destino incierto, al abordar el examen de la compleja naturaleza política del chavismo destacamos la identificación de nueve caracteres presentes en el fenómeno: democrático, militarista, revolucionario, izquierdista, nacionalista, paternalista-populista, autoritario, personalista y bonapartista. De entre esos caracteres el liderazgo y los partidarios del chavismo destacaban como relevante aquel o aquellos que llevaban más agua a su molino, y los críticos hacían incapié en el o los caracteres que, según su opinión, en cada circunstancia o coyuntura delataba más nítidamente la verdadera esencia del gobierno bolivariano. No hay que olvidar sin embargo que en la realidad y en el dominio de las ideas las cualidades y condiciones de las que estamos hablando no son estáticas, por el contrario son dinámicas y cambiantes.

Nuestra hipótesis es que el 5 de julio de 2016 marca la conversión definitiva de lo que el gobierno bolivariano aparentaba ser, vale decir una “revolución democrática”, para adquirir el status de un régimen que de manera abierta difícilmente reconocería como es la de ser una expresión típicamente militar. Mientras Chávez vivió, por el hecho de ser un oficial del ejército, porque como Presidente era el comandante constitucional de todas las armas, porque como Primer Magistrado era el Comandante activo de la fuerza armada en virtud de las previsiones de la reformada Ley Orgánica de la Fuerza Armada, y por ejercer el liderazgo indiscutido de la llamada revolución bolivariana, no hacía falta subrayar lo que era obvio, por el contrario era mejor disfrazar el régimen bajo otras apariencias. Con inteligencia y sentido de las proporciones Chávez destacó más que cualquier otro rasgo el carácter democrático, revolucionario, izquierdista y nacionalista del proceso que él encabezaba (recuérdese algo de lo que ya casi no se habla, los tiempos de la democracia participativa y protagónica como latiguillo de todas las proclamas, discursos y documentos) porque era lo más conveniente para afianzar la legitimidad de origen del régimen y por el efecto de la neutralización política internacional de las críticas en una época en que tiene gran significación el respeto de los principios democráticos en la arquitectura institucional de los Estados.

Este cuadro cambió porque en el momento de la muerte de Chávez empezaron a aflorar muchas debilidades. El código genético del chavismo, que no empieza con la primera elección presidencial sino con el intento de golpe del 4 de febrero de 1992, no ofrecía el campo propicio para que un civil, independientemente de las características del escogido, asegurase la continuidad del proceso, del mismo modo que no será nada fácil superar el esquema teórico del único personaje que realmente influyó en la mentalidad y el destino de Chávez, el argentino Norberto Ceresole. El esquema planteado por éste y seguido por Chávez de caudillo, ejército y pueblo ya no cuenta ni con el caudillo ni con el pueblo.

El día en que Maduro anunció la muerte del líder del chavismo empezó en la vida política del país un ciclo cuyas diferencias con el que le precedía no registramos debidamente en el momento. El Presidente en funciones se refirió, en medio de la trágica noticia que daba, a algo de lo que nadie había hablado antes por lo menos públicamente, que el “comando cívico-militar de la revolución” (organismo que no existía o que de existir se mantenía en la más estricta reserva) se ponía al frente de la delicada situación que comenzaría a vivir el país ante la desaparición de Chávez. Y desde entonces hasta el 5 de julio de 2016 y los días subsiguientes los grandes datos de la metamorfosis del régimen chavista, si acaso es pertinente el empleo de este término, ha sido el siguiente.

La muerte del Presidente Chávez; la incomprensible decisión de éste de escoger como su substituto a un civil sin condiciones de liderazgo; la caída de los precios del petróleo; el desbordamiento de la inseguridad, y la acumulación de graves errores de política económica que provocaron las severas consecuencias de escasez e inflación que padecen en la actualidad todos los venezolanos, fueron hechos que combinados en la retorta de la dinámica social produjeron el letal efecto político registrado en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Hasta ese momento, de 19 elecciones celebradas entre 1999 y 2015 el bolivarianismo había ganado 17 lo que le permitió hacer de esos resultados, dentro y sobre todo fuera del país, la prueba contundente del carácter democrático de la revolución, confiando tal vez en la desmemoria del antecedente de haberle arrebatado arbitrariamente a la oposición el categórico triunfo en la Alcaldía Metropolitana de Caracas y de los pesados expedientes que se acumulaban en el sentir colectivo contra el Consejo Nacional Electoral. Como lo ha comentado con elocuencia Moisés Naim en estos días (cf. El País, España, 09/07/2016), el compromiso democrático de la revolución bolivariana duró exactamente lo que duró su mayoría electoral, es decir hasta el 6 de diciembre de 2015.

La pérdida de la mayoría electoral que quedó fotografiada para el mundo en la nueva composición política de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero de 2016 fue, en realidad, la primera medición matemática de la desaparición inequívoca de la mayoría social a escala de todo el país. La evaporación del apoyo social al gobierno se había venido midiendo a través de la conflictividad social expresada de las más variadas maneras en todos los centros urbanos grandes y pequeños de Venezuela y en los registros reiterados del sentir de la colectividad nacional medidos por todos los sondeos de opinión realizados por lo menos en el transcurso del último año, pero alcanzó el umbral para muchos inesperado por ser una ratificación incuestionable de la derrota del gobierno en las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015, en la disposición de los venezolanos de solicitar la realización del referendo revocatorio del mandato del Presidente de la República. Este trascendental paso significó que ahora no estaba en riesgo de perderse uno de los poderes del Estado sino todo el poder.

El cuadro político que hemos presentado llevó al gobierno a implementar primero el boicot de la nueva Asamblea Nacional y luego a desconocerla por conducto de la Sala Constitucional del TSJ sin haber tenido el valor para cerrarla, como hizo Alberto Fujimori en el Perú, aun cuando no han faltado recomendaciones en ese sentido por parte de algunos extraños “demócratas” que buscan hacerse perdonar sus vacilaciones frente al oficialismo. En la circunstancia, no obstante, Maduro tomó otro rumbo, o por mejor decir siguió los consejos y recomendaciones de sus operadores políticos nacionales y extranjeros. Ante la pérdida de las mayorías electoral y social que habían sido los soportes políticos del bolivarianismo desde 1998 se impuso como una necesidad urgente definir y articular otros apoyos de la condición que fueren pues ya no se necesitaba mantener las apariencias. Estos son los apoyos que el Presidente ha decidido reconocer, de una parte, en el Ministro de la Defensa y el abundante cuerpo de generales que comandan los componentes de la fuerza armada, o que junto a otros oficiales de menor rango son gobernadores o están al frente de importantes funciones ministeriales, y. de otra parte, entre los colectivos organizados y armados desde las posiciones oficiales como fuerza de choque contra la disidencia democrática. En nuestra opinión, la ruptura definitiva del delgado hilo que mantenía la ficción de la separación entre el estado de derecho y la ley de la selva se ha producido el 5 de julio de 2016 y en los días que le siguieron.

A partir de ahora frente a la división de facto que se ha producido entre las funciones de la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno, posición ésta que ha pasado a ocupar el Ministro de la Defensa, el mundo militar deberá responder por responsabilidades del día a día y por otras de carácter histórico que tal vez no ha medido suficientemente. El sector militar, que ahora es en la práctica el gobierno, tendrá que enfrentar tareas administrativas en el frente económico para las que no está preparado; deberá encontrar por lo menos paliativos para el grave barranco de la inseguridad que tiene en ascuas a la sociedad venezolana apelando al ejercicio del monopolio constitucional que tiene sobre el uso de la violencia armada lo que lo enfrentará con quienes hoy son aliados circunstanciales (los colectivos partidizados afectos al gobierno), y aceptar, por las buenas o por las malas y sin la intermediación de nadie los severos señalamientos con que lo señalará la sociedad pues ya no cuenta con el pararayos que antes tuvo, vale decir la trilogía formada por el liderazgo de Chávez, la mayoría social y la mayoría electoral.

Colofón en plural y con ayuda

1. La experiencia histórica universal de los tiempos modernos muestra la lucha tesonera de la mayoría de las naciones de la tierra por establecer Estados caracterizados por regímenes políticos con división de poderes, autoridades elegidas mediante el voto universal de los ciudadanos y con mandato limitado y alternativo cuyo desempeño esté cada vez más cercano al reconocimiento y defensa de los principios de la libertad, la justicia, la igualdad, la seguridad de personas y bienes, la propiedad privada, el respeto a las leyes y la creación de condiciones para la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. Son las oleadas democratizadoras de las que tanto y con tanta propiedad ha hablado uno de los politólogos más eminentes de los últimos tiempos. Pero el camino para la construcción y reconstrucción de la democracia no es una autopista con una sola dirección que no tiene reversa. Las democracias han llegado a desaparecer por períodos incluso en países caracterizados por sus cultas tradiciones y la estabilidad de sus instituciones. Para reducir los riesgos de que estos accidentes se produzcan y se repitan no existe procedimiento más eficaz que seguir acuciosamente lo que pasa en la realidad así como aclarar las ideas, actualizarlas y, sobre todo, producirlas si no las hay.

2. Nos ha parecido útil transcribir los tres primeros párrafos del artículo escrito por Felipe González Márquez en el diario El País de España, el 16/07/2016, bajo el título “Turquía ¡No al golpe!”, que son del siguiente tenor: “Las crisis políticas se resuelven con respeto a la Constitución y a las reglas democráticas, no con intervenciones militares. A las crisis políticas hay que dar respuestas de la misma naturaleza”...”Los militares tienen el privilegio del uso exclusivo de las armas para defender la soberanía. Ese privilegio supone también una renuncia: su neutralidad en el libre juego de la política y la aceptación de su papel como Institución sometida al poder civil que emana de las urnas”...”No se pueden tener al mismo tiempo las armas y la palabra. El que quiera intervenir en política tiene el derecho de hacerlo, pero tiene que dejar las armas”.

3. En Venezuela tiene lugar, entre los actores más destacados de la vida política nacional y desde hace algo más de diecisiete años, una lucha enconada por el poder. La lucha por el poder no debe ser confundida necesariamente con la lucha por el país. Luchar políticamente por el país supone tener una idea de la realidad presente, de sus problemas y de la o las propuestas que se hacen de cara al futuro para superar esos problemas. Una lucha por el poder, sin ideas, se reduce a un pugilato físico entre quienes buscan mandar que no gobernar, entre quienes pretenden la riqueza del país para formar o engordar su patrimonio privado o incluso entre quienes pretenden la venganza política y quienes tratan de evitarla. Desde que el Teniente Coronel Hugo Chávez, una vez elegido Presidente de la República en 1998 decidió convertir en una revolución el civil y cívico proceso electoral que lo llevó a la primera magistratura del Estado, la posesión y el control de las herramientas del poder político se convirtieron en el principio y fin de la lucha política venezolana. En esas condiciones, quien tenga las armas, controle la economía del país y maneje la administración de justicia puede prolongar su permanencia en el poder hasta que aparezcan las ideas nuevas que motiven a la población para un cambio o hasta que la ruina social haga que la sociedad estalle.

4. Hablar en nombre de la gente, del pueblo, de la voluntad popular tanto por parte del liderazgo del gobierno como de la oposición como si se tratara de un patrimonio que cada quien guarda y puede gastar a su antojo ha significado a menudo en la práctica una adulteración y una simple manipulación de las categorías de la política si no se basan en datos objetivos. Cuando el Presidente de una nación, un partido político o una coalición de partidos obtienen los votos para ocupar la primera magistratura del país o el control de un poder nacional como el Parlamento, pueden hablar en nombre del pueblo para todo lo que tiene que ver con el programa electoral que se comprometieron a cumplir y no más. Esta es la razón por la cual las democracias pautan consultas electorales periódicas. Las realidades pueden cambiar y las opiniones de la gente también. Los ciudadanos actuando al unísono en estas coyunturas o en otras que le sean equiparables son los verdaderos dueños de eso que llamamos la voluntad popular y nadie está autorizado para hacer de esa manifestación una interpretación que vaya más allá de su contenido espacial, material y temporal. Tal vez esta sea la razón de porqué la gente prefiere, como regla general, las manifestaciones silenciosas como el acto de votar en lugar, por ejemplo, de las manifestaciones ruidosas de la calle. Por supuesto, a menos que se trate de esos momentos en los que el grito iracundo, la concentración y expresión de la rabia sean las formas urgentes a la mano para frenar los abusos, las amenazas, la represión o los golpes de estado. En todo caso, no se debe subestimar el hecho de que uno de los signos de la educación y madurez política de las colectividades humanas es cuando estas reclaman y ejercen de mil maneras el derecho de tomar sus propias determinaciones.

Mérida, julio de 2016.