jueves, 22 de junio de 2017

Los merideños dejamos el bostezo como forma de protestar

                                                                                                                                                                                          
Por: Roberto Rondón Morales
Miradas Múltiples. Junio 2017

En Mérida se  acuñó la expresión: “Los merideños bostezan  para protestar” por la aparente  pasividad frente a la energía y fuerza de los otros andinos,  sobre todo en reclamos al gobierno. 

Pero, a la vez, entendíamos que pensadores laicos y eclesiásticos siglos atrás, plantearon poner límites al absolutismo para evitar el despotismo, y si éste ocurría se justificaba la desobediencia.

Mérida  fue sólo paso de tropas en la Independencia y no se afilió a la ambición y brutalidad de caudillos militares en las guerras civiles.  No tuvo una conflictividad social y política como en  ciudades petroleras, mineras o industriales. Giraba en torno a la Universidad de Los Andes.

 Muerto J.V. Gómez, hubo protestas de los estudiantes divididos por   la continuación del rector  o su sustitución. Una fórmula intermedia como  el Dr. Florencio Ramírez duró   semana y media. Lo sucedió el Dr. Pedro Guerra Fonseca, quien presidió una manifestación contra el gobierno el 11 de junio de 1936, y estuvo sólo  dos meses. En el  golpe adeco militar contra Medina Angarita  en 1945, hubo escaramuzas en favor de uno y otro, y las protestas estudiantiles se orientaron a sus  mejoras.   
El nombramiento del rector Renato Esteva Ríos en 1951, marabino no profesor de la ULA, generó conflictos universitarios con toma del rectorado y ofensas, lo que provocó expulsiones de estudiantes. En la dictadura desde 1952, hubo ocasionales protestas y refriegas con la policía.

En 1952, el régimen dictatorial instaló una Asamblea Constituyente espuria por desconocimiento del órgano electoral y de los resultados obtenidos en elecciones convocadas. Aprobó una Constitución Nacional para soportar la tiranía. Se contemplaban elecciones presidenciales al cabo de cinco años.    Los corifeos del régimen, sicarios de la Constitución de entonces,  plantearon que el dictador llevara al Congreso Nacional incondicional,  el 4.12.57 la proposición de un  burdo plebiscito por el cual los venezolanos y extranjeros con más dos años en el país seleccionaran una tarjeta azul como el “sí” y una roja como el “no”. En protesta, hubo pintas en las paredes. Desde noviembre de 1957,  y con la petición  de respeto a la Constitución Nacional y  rechazo al continuismo,  hubo protestas y manifestaciones de jóvenes  universitarios y liceistas con enfrentamiento callejeros con la policía, y detenidos, lo que inició  una pérdida continua del control del país. El plebiscito se llevó a cabo el 15.12.57, con resultados evidentemente manipulados por una Junta Electoral subordinada. Pérez Jiménez se proclamó Presidente de la República hasta 1963.

 Contra este atropello a la Constitución y los desmanes represivos del gobierno a civiles y también  a militares,  el 1 de  enero de 1958 hubo   un alzamiento  militar comandado por el Coronel de la aviación Martín Parada. A pesar de esto y del descontento popular creciente,  el gobierno nacional informó de la normalidad en el país, y ordenó al rector de la ULA y al director del Liceo Libertador, único en la ciudad,   reiniciar las actividades docentes el 7 de enero de 1958. No obstante, el 10 siguiente, los estudiantes de la ciudad reiniciaron las manifestaciones. La farsa electoral motivó la unión de la oposición y la creación  de comandos políticos para este rechazo y una insurrección popular. Esta situación acentuó la represión por el organismo policial político, la Seguridad Nacional, con un aumento exagerado y creciente  de detenidos, pero a la vez con una mayor participación estudiantil en las protestas, obviamente con  una despiadada represión policial y de la guardia.

En esta confrontación, el gobierno esgrimía  un apoyo popular que no demostraba, sino que por el contrario, aumentaba la actividad antigubernamental. Renovadas manifestaciones callejeras en ese mes de enero, trajeron brutalidad y ensañamiento con reforzada represión y allanamientos de hogares sin orden judicial, en un proceso que lejos de un control gubernamental, crecía el  descontrol del orden público en Mérida y en el país; por lo que el 20 de enero, el gobierno reconoció la situación en medio del lanzamiento de piedras y consignas por los estudiantes y algunos obreros, hasta que el 23 de enero el dictador huyó al exterior, y fue entonces cuando se vieron masas de merideños celebrando la victoria en las calles que se acompañó del apresamiento y fuga cobarde de funcionarios públicos represivos. No hubo saqueos, salvo en una empresa vendedora de autos ubicada cerca de la Plaza Bolívar, centro de los acontecimientos, cuyo gerente cerró las puertas a estudiantes que se replegaban  de la represión policial y militar, por lo que fueron apresados. Los partidos políticos, ahora en escena,  constituyeron un  Frente Cívico, luego un Frente Cívico Estudiantil y un Comité Sindical para la defensa de la democracia renaciente (J. Rondón N).

Cuando los militares retiraron el apoyo a Marcos Pérez Jiménez como consecuencia de la inconstitucionalidad del plebiscito, la represión inhumana  y el comprometimiento de la institución castrense  en toda esta trágica realidad, no reconocieron a ningún caudillo como había ocurrido hasta entonces y no surgió un elegido sino que se tomó en cuenta sólo las comandancias que se ejercían y la antigüedad. Además, a  la caída del régimen dictatorial,  ningún grupo planteó una salida revolucionaria ni se reclamaron cambios estructurales, no hubo radicalismos y lo acordado expresa y tácitamente fue el retorno al ejercicio de las libertades, la restauración de la democracia y elecciones libres, universales y secretas; el desarrollo económico y la justicia social. Se trató de reimplantar la institucionalidad y su organización y no proclamar liderazgos, aunque  los partidos  posteriormente lanzaron  a sus dirigentes, salvo URD como forma de darle cuerpo a su doctrina y a su corporación después de una larga opresión que los había prohibido y dispersado (R. Velázquez).

De otro lado, hubo una profusa discusión sobre lo que pudo pasar, podía pasar o podría pasar según el “Principio  de la Esperanza” de Ernst Bloch, para no actuar silvestremente, y sí uniforme y organizadamente dentro de organismos libres, separados y equilibrados (D. Bautista U). Ahora se trata de una democracia compleja porque hay más gente, más retos y problemas, más exigencias, y quizás no tanto tiempo ni recursos suficientes y  oportunos.  
   
En 1987 apareció la protesta estudiantil junto a ciudadanos de barrios cercanos al centro de la ciudad, sitio de las refriegas,  acompañada de saqueos de casas comerciales, lo que continuó en posteriores acciones callejeras  con participación de la policía y guardias nacionales, quienes paraban sus patrullas al frente de estas tiendas, y luego del encontronazo inicial y del repliegue  posterior en búsqueda de parapetos, aquellos rompían las vitrinas, saqueo continuado por ciudadanos comunes tal como se demostró por una comisión de la Cámara de Comercio y la ULA. Este fenómeno disminuyó porque las refriegas ocurren ahora fuera de este tipo de área comercial.

El otro hecho llamativo lo representaron “las guarimbas” o “barricadas” del año 2014, cuyo estudio fue encomendado por el suscrito a personas de distinto sexo, sitio de la protesta,  profesión y compromiso político, con resultados  publicados en el libro “La Academia de Mérida en los 459 años de la ciudad”.  Ediciones Academia de Mérida. Editor Roberto Rondón M. Gráficas El Portatítulo.
Lo actual no puede simplificarse en una protesta convencional o en una acción desestabilizadora.

Mérida tiene un legado socio cultural ligado con “la toga, la mitra y el arado” y en ella, la libertad  y la soberanía son reglas ahora amenazadas, por lo que  se protesta de una forma distinta al pasado.  Hay la explicación sobre un laboratorio de guerra sucia, pero  el merideño y su cultura aprecian un peligro contra la república, ya que desde el despotismo ilustrado de Federico II  “hay una distinción entre el soberano y el estado, que el soberano es el primer servidor del estado, y que los hombres eligieron a quien creyeron más justo para gobernar, el mejor para servirles”. “El soberano lo puede todo pero no quiere más que el bien del estado, lo que es  cuidar los intereses de todos, y se preocupa por mejorar la producción sin perjudicar las situaciones adquiridas”. Ahora no es así.

En ese legado se sabe que Rousseau  en sus Discursos afirmó que “el soberano es una voluntad general, es la voluntad de la comunidad y no la voluntad de  miembros que constituyen esa comunidad. La soberanía del pueblo es la garantía más segura de los derechos individuales”. “Excluye de la religión civil la intolerancia, y del Estado a quien no acepte los dogmas de esta religión, entre ellos,  la santidad del contrato social y de las leyes”.  

Recordamos  que el revolucionario francés Antoine de Caritat  Condorcet  señaló que “la soberanía, la igualdad entre los hombres y la unidad de la república son principios básicos de la vida social”, lo que le costó la vida por sus términos conciliadores.

Aquí en nuestra tierra, Bolívar en agosto de 1814, escribió que “la soberanía debe ser ejercida por los ciudadanos tanto en la determinación de la naturaleza del gobierno como en la conciencia de los gobernantes. El triunfo armado no da derecho a gobernar ni menoscabar la soberanía del pueblo. Sólo debe ser un instrumento para restaurar su ejercicio cuando este ha sido perturbado”. Así mismo, Pedro Briceño Méndez, representante de Mérida en el Congreso de 1811, sin ser miembro de la comisión redactora  afirmaba “que para asegurar  el honor, la vida y la libertad del ciudadano se debe establecer un senado o un tribunal de censura a cuyo cargo está la conducta de los magistrados, juzgándolos y residenciándolos en tiempos determinados. Decía que cuando un  poder usurpe las facultades de otro, es una razón para actuar contra el despotismo de los poderes”.

Creemos que el soberano  tiene acotaciones, y el despotismo justifica la rebeldía.  Charles de Grassaille en 1538, estudioso de la lista de los poderes generales y particulares del rey de Francia, escribió: “El rey tiene todo el poder pero no debe abusar de él, existen límites de hecho e incluso de derecho”. Claude Seysell rechazó el término absolutismo por compararlo con tiranía. Maquiavello planteó que “El príncipe, los grandes y el pueblo gobiernan conjuntamente el estado, e insiste en la importancia del pacto constitucional, aun cuando trata poco los derechos de los ciudadanos”. Erasmo de Rotterdam en Adagios, contaba con la virtud del príncipe y basado en la religión y Cristo advirtió “contra las fechorías sanguinarias y ruinosas del despotismo” y aconsejó “abandonar el cetro antes de cometer una injusticia”. Un utopista como Tomas Moro no dudó “por el bien de la humanidad, hacer la guerra para liberar a los demás pueblos oprimidos por la tiranía”. Vittoria y Bodin, monárquicos absolutistas creyeron que “las monarquías no están por encima de las leyes, que para ser justas deben obedecer al interés general”. “Cuando las órdenes del soberano prescriben actos en verdad contrarios a la ley natural, la desobediencia se convierte en lícita”.


Ahora hay  nuevos sicarios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 que  rompen una ideología y una conducta social y política progresiva por siglos, y proponen un atajo que conduce a un estado primitivo  sin soberanía popular,  sin libertad, sin justicia y mandado por el más poderoso.  Creo que este es el fondo socio antropológico de la protesta, y no una mera desestabilización del establecimiento.

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