Hace algunos días recordaba con un amigo que en la década de los 90 del siglo pasado, cuando estuve en la Habana (Cuba) me encontré con un académico español que visitaba la isla y quien durante quince días la pasó sin cepillarse los dientes, pues dejó el suyo olvidado en Salamanca de donde partió para ir a la isla. Aquello me pareció insólito, pero lamentablemente real. El causante del infortunio fue el bloqueo, le explicaron con reciedumbre y contundencia los amigos cubanos del momento. No estaba lejos el recuerdo de los amigos de la Universidad de la Habana que venían a la ULA y al regresar se iban cargados de mil cachivaches entre ellos desodorantes, jabones, cremas de dientes y pare Ud. de contar. Ahora estamos llegando a esa realidad en nuestra querida Venezuela.
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domingo, 12 de junio de 2011
La autonomía universitaria un concepto complejo
El 28 de marzo de 2001 un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela –con el apoyo no disimulado de altas esferas del Gobierno Nacional, en particular de la Vicepresidencia de la República en ese momento dirigida por Adina Bastidas- tomó las instalaciones del Consejo Universitario de dicha institución. Durante más de treinta días se mantuvieron en el local de la máxima autoridad de la Universidad.[1]
La historia de este hecho, que trató de repetirse en otras universidades autónomas del país, no ha sido reconstruida ni analizada con la necesaria objetividad. Viéndolo en perspectiva histórica, en el hecho se mostraron las líneas fundamentales que ha tratado de impulsar el gobierno del presidente Chávez para controlar las universidades autónomas nacionales y algunas otras de carácter experimental, que han gozado de autonomía para elegir a sus autoridades. Hablamos aquí de la llamada “constituyente universitaria”. Mecanismo que se ha modificado ahora por la estrategia del cerco presupuestario y la desestabilización política electoral, para incorporar a la elección de las autoridades un concepto de comunidad universitaria distinto al establecido en la Constitución de 1999. Es decir, al imponer en la LOE el voto paritario entre profesores, estudiantes y egresados, y adicionar además el de los empleados y obreros de las instituciones universitarias.
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