La suspensión del proceso electoral para elegir nuevas autoridades universitarias de la Universidad de Los Andes (Mérida-Venezuela), por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a petición del profesor universitario José Eladio Quintero Marquina, nos lleva a plantearnos las siguientes consideraciones:
1. Desde el surgimiento del orden republicano moderno (siglo XIX), las autoridades y las instituciones consolidan sus actuaciones mediante la apelación a la legalidad y la legitimidad. En una sociedad que se rige por un ordenamiento democrático de sus instituciones políticas, apela al proceso electoral como el mecanismo preferencial para renovar sus representantes y las autoridades que ejercerán las funciones de dirección durante un período determinado. Cuando este procedimiento se obstruye por determinadas circunstancias, los organismos públicos que vigilan el cumplimiento de las normas constitucionales deben actuar para normalizar el funcionamiento institucional. El TSJ debe facilitar y no retardar, por intereses particulares y subsanables localmente, los procesos electorales de las Universidades para el logro de su legitimación y reinstitucionalización trastornadas por el retardo de las elecciones de autoridades universitarias, decanos y representantes profesorales desde hace diez años.
2. Lo que permite la convivencia ciudadana es el respeto a las normas constitucionales. Esta conducta es asumida colectivamente y surge del reconocimiento racional de la conveniencia de aceptar el ordenamiento jurídico básico, desde donde debe surgir todo el entramado jurídico que fundamenta la legislación sobre los diversos campos de la vida social. El reconocimiento de la lucha de intereses individuales y grupales, así como la protección de los sectores vulnerables, obliga al Estado a asumir una función de vigilancia para hacer respetar el cumplimiento de las normas o para sancionar su transgresión.
3. La reelección indefinida o la permanencia prolongada de una autoridad en funciones públicas, ha sido objeto de largos debates entre políticos y juristas, predominando la tesis de la inconveniencia de ambas opciones. Entre otros argumentos se señala que se pueden producir comportamientos dañinos para las instituciones públicas como pudieran ser: vicios de procedimientos, ejercicio del poder como hábito, creación de redes de interés autocráticos, conductas entrópicas a causa de la repetición, pérdida de la energía necesaria para tomar nuevas iniciativas que contribuyan a cumplir con los objetivos de la institución y a su consolidación.
4. Los procesos electorales se ha convertido en la sociedad moderna en una técnica política para alcanzar el consenso básico para gobernar y un medio de movilización de los ciudadanos para expresar su voluntad política. Estos requerimientos son muy importantes para que un cuerpo de representantes disponga de las condiciones adecuadas para conseguir gobernabilidad, es decir, para que sus decisiones sean aceptadas por consentimiento y no por imposición. Favorecer, propiciar y promover procesos electorales, con arbitrajes confiables y dispositivos técnicos seguros, es una condición necesaria para vivir en democracia. Las nuevas tecnologías de la información han mejorado la velocidad en el procesamiento de la información pero han incrementado la desconfianza del elector. Adicionalmente las redes sociales han facilitado la difusión de nuestras opiniones pero han hecha más vulnerable al elector, por la capacidad de manipulación de la voluntad electoral del individuo mediante la multiplicidad de datos que a diario procesan los big data de las tecnoempresas que ofrecen el servicio.
5. Las universidades públicas son instituciones creadas por el Estado con el apoyo consensuado de la sociedad, por ello, podemos decir que estas universidades forman parte de la sociedad civil, pertenecen a la gente y no al gobierno. Están adscritas al Estado, reciben el financiamiento de los ingresos que percibe el Estado mediante impuestos o mediante sus operaciones económicas. Desde el origen mismo de las universidades, los artífices de su diseño inicial y de su fundamentación, la concibieron como un lugar público abierto al debate de las ideas, a la formación de nuevas generaciones en ambientes actualizados y de libertad. Por este motivo, para disminuir la injerencia de los gobiernos en los asuntos internos de la institución educativa, se le otorgó la figura jurídica de la autonomía, para que se diera su autogobierno y se auto organicen, respetando la ley fundamental de la república y las leyes específicas. En este contexto se acordó asignarle un patrimonio físico y territorial, se le autorizó para que generaran parte de los recursos requeridos para cubrir los gastos de funcionamiento y se le asignó un presupuesto anual, proveniente del tesoro nacional. Algunos de estos objetivos se han cumplido, otros siguen pendientes.
6. La actual crisis venezolana que amenaza la existencia de la institución universitaria, requiere de respuestas inteligentes, rápidas y oportunas. Estas deben ser generadas a partir de la confluencia del Estado, la sociedad civil y la comunidad universitaria. Manteniendo los ideales democráticos, la universidad debe seguir siendo un espacio de libertad académica, una opción para la formación de competencias laborales de calidad, una oportunidad para generar movilidad social, un ámbito de estudios superiores que propicie el ingreso de los hijos de la familias menos favorecidas económicamente, un lugar donde el talento sea canalizado hacia un rendimiento superior y en armonía con los intereses de una humanidad que lucha por preservar sus espacios de libertad y alcanzar aquellos que le permitan vivir en paz, en armonía con la naturaleza, respetando la pluralidad étnica y alejando las amenazas provenientes de su propia inventiva.
7. Desde hace varios años el grupo Miradas Múltiples viene alertando sobre el grave daño que le está produciendo a las universidades nacionales venezolanas, y a la Universidad de Los Andes, en particular, la obstrucción jurídica para renovar las autoridades universitarias. Son diversas las iniciativas que hemos tomado para superar los escollos presentados, algunas de tipo jurídico, otras de opinión y movilización. Factores externos e internos de la institución universitaria han actuado para obstruir las salidas propuestas. Algunos han actuado con aviesas intenciones y otros se han dejado llevar por la inercia institucional. La exitosa iniciativa de la Universidad Central de Venezuela que logró renovar sus autoridades universitarias, debe extenderse al resto de la universidades, entre ellas la Universidad de Los Andes por su tradición e importancia en la vida social e intelectual de la región andina, para que un nuevo liderazgo académico convoque a lo mejor de la inteligencia institucional para formular y ejecutar respuesta a la grave crisis presente y proponer líneas maestras para el futuro inmediato de las casas de estudios superiores, que durante más de 200 años han sido puntal principal en la construcción de la nación venezolana.
Mérida (Venezuela), mayo de 2024.
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