La antipolítica y la oposición democrática (*)

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Por: José Mendoza Angulo.

    1.- Para que sepamos de lo que estamos hablando.

La antipolítica no es una manera o forma de hacer política, es pura y simplemente la negación de la política. Ahora, aún en los momentos de hegemonía de la antipolítica la política no desaparece, tan solo se reduce a su mínima y menos significativa expresión. 

Si entendemos por política el nivel superior del proceso histórico  de domesticación del ejercicio del poder, la antipolítica es, en contrapartida y en la práctica, así sea durante períodos relativamente breves, la liquidación de las formas y procedimientos establecidos por la evolución social para que el ejercicio del poder deje de ser la consagración de un acto de fuerza o la unción religiosa de una jerarquía. 

Mientras que la política es la expresión más acabada del funcionamiento normal de las democracias, la antipolítica es el relato elaborado por quienes se oponen a ellas con la intención de demostrar la incapacidad de la política en tanto que conjunto de medios o de  herramientas dirigidos al logro del bienestar y el progreso sociales en un ambiente de libertad. Podemos añadir que la confrontación entre la política y la antipolítica es la forma que adopta en nuestro tiempo la oposición entre democracia y totalitarismo o autoritarismo, contradicción velada por cierto por la engañosa y a veces atractiva vestimenta del populismo que usan, según las circunstancias, tanto líderes que se reclaman del nacionalismo de izquierda como de derecha.

La política no es una abstracción de la politología. Ella se expresa y adquiere concreción en las personas que la encarnan, en las organizaciones que esas personas establecen para facilitar y potenciar sus luchas cívicas y en la arquitectura de las ideas formuladas para orientar y canalizar la acción social. La política es, entonces, el diálogo y la controversia civilizada entre ciudadanos, el hecho de los políticos, de los hombres y mujeres de partido, de los partidos, de las organizaciones sociales como los sindicatos y los gremios; por supuesto, de la inspiración doctrinaria de las ideas adoptadas como guía así como de las tesis políticas y programas de gobierno formulados con vista al desempeño del poder y, obviamente, el ejercicio mismo del poder. También es parte de la política la crítica dirigida a los políticos, a los partidos, a los programas políticos y a los gobiernos por causa de las acciones y omisiones de su actuación. Pero es un error identificar o confundir la crítica política pura y simple con la antipolítica. La antipolítica es, por su propia naturaleza, antidemocrática, por consiguiente sólo la crítica intencional y formalmente dirigida a desprestigiar la capacidad de los políticos, de los partidos y de las instituciones donde se ejerce la política (gobierno y parlamento principalmente) puede ser considerada como parte de la antipolítica.

Ahora bien, hay datos, hechos y desarrollos de la realidad social y política que pueden llevar, casi espontáneamente, aguas al molino de la antipolítica si no se les presta la atención debida oportunamente. Por ejemplo, si la rutina burocrática de los directivos de las organizaciones partidistas hace que los principios sean reemplazados por el pragmatismo  y el respeto de los valores éticos sea arrinconado por la complicidad, o si por descuido y falta de creatividad de los dirigentes políticos toma fuerza en la colectividad la convicción  de que el voto no resuelve nada, que las elecciones son torneos para las falsas promesas y el engaño, o que el ejercicio de las funciones públicas se convierte en la fuente principal de beneficio personal para quienes las ejercen. A todo lo cual ayuda, con más fuerza de la que se supone, la repugnante costumbre administrativa de asociar y anunciar las obras e iniciativas de los gobiernos como manifestaciones de la magnificencia y generosidad de quienes gobiernan. Esta forma de peculado de uso estimula la sospecha generalizada de que los electos o escogidos para el desempeño de funciones públicas, al tomar posesión de sus funciones inician un camino que los coloca desde el vamos en la lista de sospechosos de manejos indebidos  que cada comunidad elabora en  silencio  y que, con frecuencia llega a ser la base de la venganza cívica que se materializa en las próximas elecciones o en la demoledora opinión que se propaga y se fortalece  en las conversaciones privadas como una bomba de tiempo.

Y el caldo de cultivo para las manifestaciones del fenómeno al que nos estamos refiriendo lo representa el proceso que ha  transformado a la sociedad civil de participante silenciosa y obediente de su propia vida en  protagonista que reclama  de las más distintas maneras el lugar que durante tanto tiempo se le negó. El empeño de esa equivocada concepción de la política consistente en colorear con los tintes partidistas hasta las más inocuas manifestaciones de la actividad humana  ha terminado convertido, por reacción, en el celoso reclamo del respeto a los espacios que son propios de la vida social. Y por no darse cuenta los protagonistas de la política de esta reacción de la sociedad civil cada día toma más fuerza, como lo revelan los  sondeos de la opinión pública, la tendencia a valorar conforme a criterios diferentes de los de los partidos  el resultado de la gestión pública adelantada por los gobiernos. En la Venezuela de este tiempo sorprende, por ejemplo, no tanto el rechazo al gobierno como la distancia cada vez mayor que toma la gente con respecto a  los partidos políticos. Va quedando de esta manera un espacio en el que juegan sus opciones los que pretenden hacer de la antipolítica la válvula de escape de la presión social o el combustible de los gobiernos dictatoriales para “disciplinar” al país, “defender” la nación de los enemigos internos y externos, hacer cumplir la ley y “garantizar” la seguridad de los ciudadanos aun cuando ninguna de estas razones pueda ser demostrada históricamente.

Por la existencia de esta atmósfera política no deben ser subestimados ni la acción ni los argumentos que siempre tienen a la mano los agentes de la antipolítica. Estos son los que  constantemente están pensando en la necesidad de un orden social antidemocrático en el que ellos tendrían el espacio que según su criterio les niega la democracia. Tomemos por caso a nuestro país. En el seno del mundo militar se mantiene desde su nacimiento como institución y entre muchos de sus componentes una tendencia pretoriana que asocia el ejercicio del poder con el uso de la fuerza bruta pero con el cuidado de afirmar reiterativamente que la misma se  inspira en el ejemplo de los libertadores y en un mandato superior ignoto de la historia. Al lado del militarismo suele encontrarse a sectores del mundo económico que en medio de los vacíos que produce el ambiente de la antipolítica han pasado de un rechazo sordo al protagonismo de los líderes políticos y de los partidos  a promover abiertamente, apoyados en sus recursos, el aislamiento de la política en el manejo del Estado. Recuérdese a este respecto la prolongada trasmisión por la televisión venezolana de la novela “por estas calles” o la integración y sus propuestas del llamado “grupo Roraima” animado por importantes figuras del empresariado nacional. Y en el caso específico venezolano, el respetable desempeño  en la economía nacional de la alta, media e incluso baja tecnocracia petrolera  llevó al liderazgo petrolero a pensar y a concebir un protagonismo político autónomo fundado en su alta competencia profesional, en la convicción íntima de ser titulares de derechos ganados por ser los articuladores de la riqueza que mantenía al país y por haber demostrado  capacidad para manejar y resolver los problemas administrativos de instancias importantes de la administración pública, puesta de  manifiesto cada vez que el gobierno llamaba a los petroleros para desatar esos nudos que entrampaban a la gestión de los asuntos públicos. Estos factores, combinados, los llevó hasta el diseño de un proyecto político propio que ellos creyeron estar en capacidad de ejecutar como líderes de la nación sin necesidad de la política. Y dentro de los elementos que podríamos llamar de naturaleza subjetiva hay que mencionar a restos importantes de la izquierda alzada en armas en la década de los sesenta del siglo pasado que no solo no llegaron a aceptar nunca su derrota política y militar sino que continuaron desarrollando una labor de zapa contra la democracia como lo testimonia el reencuentro que se produjo con la sedición militar que no pudo imponerse por las armas en 1992 pero que triunfó con los votos en 1998. Esos restos de la izquierda han sido los facilitadores de ese extrañísimo injerto entre la mentalidad y los hábitos del militarismo tradicional, el resentimiento social cultivado con amargura y la parafernalia revolucionaria.

    2.- Para no olvidar lo que ha pasado más cerca de nosotros.

Si dejamos de lado los intentos de golpes de estado y sublevaciones militares vinculados, unos, a los estertores del perezjimenismo y, otros, a la  ilusión revolucionaria de inspiración cubana, la larga sombra de la antipolítica ha cubierto los últimos cincuenta años del acontecer político venezolano. En una primera etapa que cubre los últimos treinta y dos años del siglo XX, la antipolítica se alimentó de la erosión progresiva que minaba el sistema democrático posterior al 23 de enero de 1958 por causa de las divisiones partidistas, la demagogia electoral y la manipulación del elector, el reblandecimiento de los principios y valores establecidos con el nacimiento de los partidos y acerados en la resistencia contra la dictadura, la pérdida de la calidad intelectual de las direcciones partidistas y el efecto horadador de la corrupción,  de otros vicios que de sus primeras expresiones minúsculas se convirtieron con el tiempo y con la vista gorda de los jefes políticos en un verdadero cáncer destructivo de los elementos básicos de la política, y finalmente el proceso de empobrecimiento de la sociedad que anuló los logros que a lo largo de muchos años había sido el soporte del progreso que experimentaron los venezolanos. Por supuesto, la antipolítica no se impone intempestivamente a menos que parezca ser el fruto de un sorpresivo golpe de estado militar o la irrupción violenta de una revolución inesperada. Incluso en estos casos los acontecimientos son resultados de procesos más o menos prologados en los que se pone de manifiesto la desaprensión de los actores políticos frente a hechos y circunstancias que solo en apariencia son autónomos del movimiento total de la sociedad. Hay, sin embargo, otra razón que dificulta darse cuenta a tiempo de lo que ocurre. Tener sentido de las proporciones, ánimo para mirar críticamente las propias actuaciones individuales y colectivas en la vida pública y voluntad para adoptar los correctivos que impone ese examen crítico, es una de las cosas no solo más esquivas sino más difíciles de la política. Vamos a tratar de decir por qué. Cuando se comparan en Venezuela, por ejemplo, los resultados de la acción administrativa de los cuarenta años de gobiernos civiles que van de 1958 a 1998 con cualquier otro período de nuestra historia anterior o posterior, y dentro de ese mismo marco temporal paralelamente se hace el balance de los logros y fracasos o deficiencias ocurridos bajo la democracia, en algunos momentos puede resultar irrelevante valorar los errores y traspiés que lucen demasiado pequeños frente al conjunto de iniciativas y de acciones gubernamentales que dominan el horizonte de la acción pública cuya perspectiva minimiza lo que ni siquiera en el momento luce relevante.  La dificultad estriba en que muchas veces, como ocurre con el cuerpo humano, las arterias de la actividad pública y de la vida social, con el tiempo, se van llenando de basura que solo se pone en evidencia cuando ocurren esos accidentes que ponen en peligro la vida. Y a veces ni siquiera entonces las instituciones partidistas dominadas por la inercia del estado de reposo en que suelen estar hacen lo que deberían para corregir la causa de los desvaríos. Veamos con más calma la cuestión.

Al acercarnos a la última década del siglo XX, la carga de profundidad contra la democracia venezolana venía tomando fuerza simulada en las críticas al sistema que apenas escondían el verdadero rostro de la antipolítica enraizada en señalamientos puntuales contra los partidos, el descrédito de muchos políticos y la pérdida de respetabilidad de instituciones que eran, como hoy, el escenario principal del ejercicio de la política. En el ánimo de muchos venezolanos, no pocos de ellos dirigentes de partidos políticos, comenzó a prender con bastante pereza la  preocupación por el asunto, o si se prefiere una expresión menos dura, con excesiva parsimonia. Por causa de sucesos demasiados graves que acababan de ocurrir,  hace veintiséis años la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) “como una contribución al proceso de reforma de los partidos políticos” (fueron los términos de la convocatoria) organizó en Caracas el foro “Los Partidos Políticos en la Venezuela de los 90”, evento en el que participaron como ponentes veinte destacados intelectuales y líderes políticos de las principales organizaciones partidistas actuantes en el país. ¿Qué hechos y circunstancias podemos identificar en el largo camino de la política nacional que comenzó en 1958 y cuáles se pusieron en evidencia por su profundidad cuando nuestra sociedad se acercaba al final del ciclo democrático que terminó en 1998? Recordemos de manera rápida algunos de esos hechos que por sí solos tenían la cualidad como para haber obligado a la clase política a reaccionar de manera distinta a la de esconder la basura debajo de la alfombra para dar una apariencia de limpieza del sistema.

En 1968, diez años después de su fuga del país y luego de haber sido condenado por los tribunales venezolanos a cuatro años, un mes y quince días de prisión por peculado y malversación de fondos del Estado, el general Marcos Pérez Jiménez fue elegido Senador de la República en los comicios generales de ese año. Las fuerzas democráticas reaccionaron y creyeron, casi en el colmo de la ingenuidad que era una respuesta suficientemente vigorosa  impugnar y anular la elección alegando que el dictador no se había inscrito en el registro electoral y, paralelamente, promover la primera enmienda de la Constitución de 1961 consistente en declarar inelegibles para los cargos de Presidente, Senador, Diputado o Magistrados de la Suprema Corte de Justicia a quienes hubieran sido condenados a penas de presidio o prisión superior a tres años. Pero nadie se detuvo a examinar con seriedad cual razón misteriosa, es decir política, podía explicar la elección como Senador de un personaje execrado hacía apenas diez años por la casi totalidad de la colectividad nacional.

Entre 1977 y 1978 se produjeron en el país dos hechos que, salvo la inquietud de algunos economistas, no merecieron la atención de la clase política venezolana acorde con su trascendencia. Uno fue que terminando el primer período de gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez ocurrió la señal ominosa de alarma sobre el cambio de ritmo de la marcha de la economía nacional, punto de partida de los males económicos que todavía hoy, cuarenta años después, han atenazado al país en la trampa en que se encuentra. El otro, que en las elecciones generales de 1978, cinco años después de haber aparecido el fenómeno de la polarización electoral que concentró la casi totalidad del electorado nacional en las votaciones de  AD y de Copei, la abstención en los comicios brincó del 3,5% en 1973 al 12% y en las municipales de 1979 al 27%. Nadie trató de dar una explicación de esa inopinada pérdida de interés del electorado venezolano en los comicios nacionales y municipales.

En la coyuntura política que se abrió en 1989, al comenzar el segundo período presidencial de Carlos Andrés Pérez se produjeron, en sucesión, hechos de una entidad tal que obligaban a considerar con suficiente atención y responsabilidad la gravedad de la enfermedad que ya estaba carcomiendo la salud del sistema democrático. Sin embargo, el liderazgo político no fue capaz de ponerse a la altura de las circunstancias.  En tiempos del gobierno de Jaime Lusinchi se había creado la COPRE sin mayores convicciones de parte del gobierno y del liderazgo nacional. El peso muerto que arrastraba el sistema democrático quedó al descubierto con el sacudón social conocido como “el caracazo” al reventar la violencia en la capital de la República diez días después de anunciar el nuevo Presidente las medidas que el gobierno adoptaría frente a la crisis económica y los problemas fiscales del país y que, por cierto, iban en dirección distinta a como se había pregonado durante la campaña electoral. El Congreso Nacional, lugar por antonomasia de la política, aprobó las leyes de la descentralización y municipalización de Venezuela y acordó someter a revisión la Constitución de 1961. La abstención electoral en los comicios presidenciales de 1988 había pasado al 18% y con todo y la innovación que representaban así como la participación que era dable esperar, en las primeras elecciones de gobernadores y de alcaldes celebradas a fines de 1989 la abstención llegó al 55%, dándose además un fenómeno político inesperado y lleno de interrogantes. Una porción importante del electorado mostró su fatiga frente a los partidos tradicionales al darle el triunfo en algunos estados y un número importante de municipios a fuerzas políticas emergentes como el MAS y la Causa R. Del otro gran tema, la revisión de la Constitución, a pesar de haberse presentado por la Comisión bicameral designada al efecto un proyecto de reforma, el Congreso Nacional no tuvo la voluntad ni la fuerza de convicción para aprobarla. En 1991 se firmó el llamado “Pacto para las reformas”, iniciativa del Presidente Carlos Andrés Pérez preparado por la COPRE que a esas alturas se pareció más a un repique de dobles que el anuncio de unas fiestas patronales. Luego la antipolítica mostró los dientes cuando vinieron los intentos de golpe de estado militares del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.

Hechos de tanta gravedad como los que hemos señalado ahondaron más el foso que se había abierto entre las fuerzas en declive de la política y los signos ascendentes de la antipolítica. Después de los alzamientos militares y a pesar del empeño del Presidente Pérez por llevar adelante el plan de políticas diseñadas para contrarrestar el curso decadente de la economía nacional y la pérdida de vitalidad de la democracia, la suerte del sistema político restablecido en 1958 estaba echada. La recomposición a la carrera de la coalición de gobierno entre AD y Copei en 1992 no tuvo la fuerza ni para corregir el serio error presidencial de sobreestimar su liderazgo y sopesar debidamente la hondura de la crisis ni para sacudir al decaído liderazgo partidista. El Presidente Pérez fue destituido y enjuiciado en 1993 y el triunfo electoral del doctor Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de ese año apenas logró velar el dato más relevante, que los dos partidos ejes del sistema que emergió en 1958 habían sido derrotados y que, desde entonces, hace 24 años para AD y 33 para Copei se despidieron hasta hoy, del ejercicio del poder nacional. Solo falta añadir a esta retahíla de sucesos desgraciados la rocambolesca participación de AD y Copei en las elecciones de 1998 cuando después de haber auspiciado los nombres francamente menores de un burócrata manejador de fichas del partido, Luis Alfaro Ucero, y de una reina mundial de belleza, Irene Sáez Conde, como sus candidatos  a la Presidencia, terminaron  derrotados, por primera vez sin candidatos propios porque la pena ajena más que la vergüenza propia los llevó a quitarles las sillas en las que los  habían sentado. La antipolítica se impuso como sistema en las elecciones presidenciales de 1998.

     3.- La antipolítica como poder.

Para las fuerzas democráticas de Venezuela, o dicho de otra manera, para la sobrevivencia de la política en el país, se inició en 1999 un largo camino del que todavía no se sabe cuánto falta por recorrer. O bien el liderazgo político venezolano no se ha dado cuenta de la situación o no la quiere aceptar pero lo cierto es que su desempeño actual sigue bajo la sombra de la antipolítica y mientras no se decida a enfrentar la antipolítica haciendo política el  porvenir más cercano puede ser una sucesión de traspiés. Sobre todo porque en la etapa sombría que vivimos corresponde directamente al poder autoritario el manejo de las manifestaciones de la antipolítica y éste ya no necesita, como lo ha demostrado hasta la saciedad, guardar las apariencias que al principio requirió y que le permitieron hacer pasar como democráticas muchas de sus  ilegales e ilegítimas primeras iniciativas políticas.

Con todo y esta prevención inicial, nos parece no sólo útil sino necesario puntualizar tres atributos del ejercicio del poder autoritario, dos que pueden considerarse comunes a este tipo de regímenes y el tercero más propio de las condiciones bajo las que nació esta última experiencia del autoritarismo en nuestro país.

La confrontación política y social que tiene lugar en Venezuela entre el régimen autoritario establecido en 1999 y los sectores democráticos de la nación ha cumplido ya dieciocho años. Ha sido, por lo tanto, una lucha prolongada que ha sufrido alteraciones en su desarrollo para adquirir, con el transcurso del tiempo, un carácter más áspero, más intransigente, más ladino y más desafiante de las reglas de la convivencia política civilizada. Solo para tomar conciencia de lo que significa una lucha prolongada señalemos que los años que ya cubrió el régimen venezolano corresponden a tres de los actuales períodos presidenciales del país, a cuatro procesos de renovación del Poder Legislativo Nacional y a cuatro elecciones de gobernadores, consejos legislativos estadales y alcaldes de los 335 municipios que componen a Venezuela. Y si preferimos otra manera de prefigurar el asunto sobre el que queremos llamar la atención podemos decir que dieciocho años es el espacio temporal para el nacimiento de dos generaciones de habitantes de nuestro territorio; prácticamente el lapso transcurrido entre las dos guerras mundiales y representa un periodo mayor que el ocupado por el proceso de la independencia de Venezuela. Tal vez sea más apropiado y gráfico afirmar que el llamado régimen bolivariano es apenas el segundo más largo gobierno dictatorial después de la larga tiranía de Juan Vicente Gómez y que su duración siempre podrá ser mayor pues en última instancia el límite solo depende de la voluntad de quienes lo encarnan y dirigen y de las condiciones objetivas que lo soportan. Desde otra perspectiva sin embargo dieciocho años es tiempo más que suficiente como para que el liderazgo político del país haya evaluado la calidad de las aguas que han corrido debajo de los puentes de nuestro acontecer como pueblo y para que haya diseñado la imagen-objetivo del país que queremos construir tan pronto pase la tempestad que nos llena de miedo y de desesperanza.

Veamos el segundo atributo. A pesar del luto que acompaña en su intimidad a muchas familias venezolanas desde los días cuando se intentó derrocar militarmente al régimen civil imperante en el país desde 1958, el choque entre la “revolución bolivariana” y las fuerzas democráticas a partir de 1999 no ha sido un encuentro armado pero si se ha caracterizado por ser una confrontación violenta. La violencia ha sido propiciada desde el poder pero en honor a la verdad a la oposición le ha costado vencer completamente la tentación de responder en la misma forma el reto oficial a pesar de la formación cívica de cuarenta años de práctica democrática. Poniendo a un lado por razones meramente cronológicas la carga más pesada de esta lucha, la de los muertos y heridos por causa de los intentos militares de golpes de estado; la de las bajas causadas por los grupos paramilitares y parapoliciales auspiciados desde el poder; la causada por la represión de las manifestaciones políticas de protesta o por reclamos sociales, la de los efectos de la inseguridad que ya llega a extremos inenarrables incluyendo las sarcásticamente llamadas “operaciones de liberación del pueblo o simplemente “OLP”; la causada por el mal funcionamiento de los servicios de salud y en no pocos casos por al hambre y la falta de medicamentos, tienen que ser acreditadas a las acciones y omisiones del gobierno. Hay, sin embargo, otras formas de violencia que deben ser registradas en el balance que estamos haciendo como la privación de libertad de personeros de la disidencia; el desconocimiento inconstitucional de poderes públicos elegidos por la soberanía popular; la liquidación de la división y equilibrio de las diversas ramas del poder público; la  manipulación de los derechos electorales de los venezolanos llevada hasta el extremo de su negación total en algunos casos; la destitución de empleados públicos desafectos al régimen y la imposibilidad de conseguir un empleo en el Estado para quienes no son partidarios del gobierno. Una repugnante forma de violencia es forzar el desplazamiento de núcleos importantes de compatriotas que han debido abandonar el país. Y otra modalidad de una violencia que no es física sino moral pero que produce unos efectos devastadores sobre la integridad de la nación y la cohesión indispensable para asegurar el normal desenvolvimiento de la sociedad está representada por el uso del lenguaje violento, ofensivo y provocador por parte de altos personeros del Estado contra los adversarios políticos, práctica de la que por cierto no han podido sustraerse importantes voceros de la oposición. Y no puede dejar de mencionarse la violencia contra las libertades de expresión e información, el control de los medios de comunicación social y el intento de manipular ideológicamente el sistema educativo nacional.

Y el tercer atributo al que queremos referirnos es al que llamamos la simulación electoral democrática no solo por su perversión implícita sino porque ha sido capaz de inducir  errores en el propio campo de la oposición.

El triunfo de Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 y la sucesión de éxitos electorales de su gobierno logrados en 1999 y 2000 (referendo consultivo para convocar la Asamblea Constituyente, elección de la Constituyente, referendo aprobatorio de la nueva Constitución y la llamada relegitimación de los poderes públicos) le abrieron al sistema político recién instalado en Venezuela  una vía, o más bien una “ventana táctica” como la llamaron, en la que los promotores de la logia militar conspirativa fundada en 1982 nunca llegaron a pensar para hacerse del poder ni para mantenerse en él. Existen suficientes hechos para probar debidamente esta afirmación. Cuando se revisan los escritos que acompañaron los documentos preparados por los asesores del grupo conspirador conocido como MBR, no se encuentra ningún registro que planteara el acceso al poder por una vía que no fuera la de la fuerza militar. Y después de la derrota militar de los intentos de golpes de estado de 1992, al plantearse, mediante maniobra legal ejecutada en el Congreso Nacional por AD y Copei, el adelanto de las terceras elecciones de gobernadores para un mes antes de las presidenciales fijadas para diciembre de 1998, la posición de Chávez fue no participar y al decidir Francisco Arias Cárdenas postularse a la gobernación del estado Zulia la determinación política del ya para entonces reconocido como líder de la conspiración fue la de abstenerse hasta que se presentara una nueva situación de fuerza. Una vez que operadores políticos harto conocidos persuadieron a Chávez de participar en 1998 como candidato a la Presidencia de la República bajo las mismas reglas de la democracia “puntofijista” como peyorativamente  la denominaban sus adversarios y luego de serle reconocido su triunfo por todos los “sospechosos demócratas”, los ganadores identificaron la “ventana táctica” que les permitiría utilizar y valerse de una herramienta democrática suficientemente probada como es el voto popular, sin llegar a  creer nunca en él y, no porque ya se compartiera el sedicente principio  de inspiración leninista de que el poder revolucionario solo debe fundarse en la fuerza revolucionaria sino porque los soportes de la democracia representativa de partidos ya no aguantaba más el peso requerido por los cambios estructurales y políticos del Estado que las direcciones partiditas, económicas y sociales no estaban en capacidad de llevar adelante. Muy pronto descubrió el nuevo gobierno la débil tesitura intelectual y moral del más alto tribunal de la República que inventó la teoría de la supraconstitucionalidad para facilitar un referendo no previsto en la Constitución y facilitar una forma de elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente de una manera que quebraba las normas de la representatividad establecidas y abría el camino al control desproporcionado de la Constituyente por una fuerza electoral. Después de esto se facilitó enhebrar el rosario de abusos y ventajas indebidas que permitieron anticipar la muerte del Congreso Nacional, montar una institucionalidad acomodaticia y por ese camino, inhabilitar políticamente al  precandidato Leopoldo López a la Alcaldía Metropolitana; instalar un poder paralelo al titular de la Alcaldía Metropolitana ganada por Antonio Ledezma; montar poderes paralelos a gobernadores de Estado y Alcaldes no afectos al gobierno; integrar un Consejo Nacional Electoral claramente parcializado a favor de los intereses del gobierno; hacer desaparecer las Juntas Parroquiales; alterar el orden constitucional de las elecciones a conveniencia del gobierno; desconocer derechos constitucionales establecidos para la protección del voto; desconocer representantes populares como los diputados a la Asamblea Nacional del estado Amazonas; violar abiertamente la soberanía popular y los preceptos constitucionales básico del poder público al desconocer la solicitud del revocatorio presidencial y al Poder Legislativo Nacional, y finalmente montar en 2017 la desafiante y atropelladora operación electoral llamada el “carnet de la patria” para boicotear la legalización de los partidos y preparar en las mejores condiciones oficiales los eventos electorales que se convoquen de ahora en adelante. El gobierno actual ha hecho resucitar el llamado “voto acumulativo” que diseñó el tristemente célebre Juan Francisco Franco Quijano de penosa recordación cuando se convirtió en el asesor electoral de los gobiernos de los Presidentes Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita en los tiempos en que el pueblo de Caracas aplicaba fórceps a una democracia que quería nacer.

Ahora bien, sin desconocer que, en las peores condiciones políticas y a riesgo de incurrir en el colmo de la candidez ciudadana, las fuerzas democráticas están obligadas a participar en todo evento que a través del voto busque identificar los sentimientos y la voluntad de los ciudadanos sobre los asuntos públicos aún cuando estos estén sometidos al control de una dictadura, es preciso tener siempre presente que lo electoral, con todo y su importancia, no cubre por completo los límites de la democracia y de la política. La sucesión de elecciones realizadas en el país entre 1998 y 2015, a pesar de las advertencias que hemos subrayado con anterioridad, pudieron alentar en sectores de la oposición venezolana una suerte de ilusión electoral apoyada en un supuesto falso sobre todo por el hecho de que en algunas de esas elecciones se reconoció el triunfo de los sectores democráticos. Por causa del estado de fragilidad política y organizativa que, como ya hemos comentado se arrastraba desde tiempo atrás pero que a partir de 1993 por causa de las derrotas sufridas al mismo tiempo por AD y Copei terminaron afectando a todos los partidos que coparon el ambiente electoral posterior a 1958, las fuerzas opositoras venezolanas cayeron, por causa de una inercia no percibida,  en la desproporción de reducir casi totalmente su acción política a la cuestión electoral. Precisamente cuando la cuestión electoral dejaba de ser el pretexto básico de la acción política gubernamental, cuando la “democracia participativa y protagónica” había dejado incluso de nombrarse. En esas condiciones, la base en que la oposición de apoyaba para contradecir y enfrentar al gobierno simplemente se desmoronó. 

4.- Para salir del enredo hay que volver a la política.

Esta es la situación en medio de la cual nos encontramos. Las fuerzas democráticas no saben que hacer y al mismo tiempo escenifican un espectáculo en el que el primer plano de la actuación está siendo ocupado por actores de reparto que por no tener ni siquiera un guión escrito están cumpliendo  su papel sin ideas y sin estímulos para devolverle a la gente la ilusión y la esperanza.

Nuestro punto de vista es que no hay otra opción que volver a la política para salir del enredo en el que nos encontramos, a sabiendas incluso de que ese propósito no se consigue simplemente con expresar un deseo. Volver a la política, por el conjunto de elementos y factores que componen e intervienen en esta actividad no es un proceso sencillo ni rápido. No obstante, estamos persuadidos de que si se adopta con convicción la determinación de comenzar y se precisan objetivos claros, es posible dar inicio a la próxima y probablemente larga etapa de democracia y de progreso en Venezuela. 

        En nuestro criterio, no obstante, es preciso limpiar el camino del análisis para evitar tropiezos innecesarios y facilitar el avance más rápido que se pueda lograr en lo que nos proponemos. Por ejemplo, definir el carácter y la naturaleza del estado actual en que se encuentra la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición. Sobre el particular se puede comenzar diciendo, porque es un hecho público, que tanto el bloque social en el poder como el bloque opositor están sometidos en la actualidad a una etapa de conflictos y contradicciones internas que entraban sus iniciativas y al mismo tiempo llenan de turbulencias su confrontación. Podría decirse más si se empieza el examen desde 1999, verbigracia que el gobierno ha perdido la mayoría de la base social con la que contó al comienzo de su recorrido; que se h debilitado electoralmente al perder el control de uno de los poderes públicos principales del Estado; que existen evidentes grietas y en algunos casos ruptura, que no tienen reversión en sus niveles de dirección administrativos y políticos; que internacionalmente ha perdido muchos apoyos y que a la luz de los principios que regulan jurídicamente las relaciones internacionales no ha podido evitar su aislamiento, y que el saldo de su gestión administrativa, económica y social después de dieciocho años en el gobierno es un inocultable fracaso. Por su parte, la oposición que a lo largo de la vida del régimen ha experimentado tres formas organizativas principales, la de la suplencia hecha por la CTV, Fedecámaras y la tecnocracia petrolera después del colapso e los partidos en 1998; el de la Coordinadora Democrática como una primera reacción de los partidos que sintieron la obligación de retomar la batuta al fracasar el primer relevo,  y después de 2009 la de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), puede decirse que con el tiempo y los golpes ha mejorado la percepción global con que la observa y la trata la opinión nacional, sobre todo en los momentos electorales, pero que su existencia real continua siendo la de un aglomerado de pequeñas unidades autónomas que consideradas aisladamente no son capaces de representar ninguna opción válida para los problemas de la sociedad como totalidad.

La situación de los dos bloques puede mirarse desde otra perspectiva. El bloque en el poder, conocido como el “Polo Patriótico” es una experiencia unitaria en la cual desde su constitución ha existido una clara e indiscutible hegemonía representada, primero, por quien organizó el proceso conspirativo que abortó en 1992, y después por el núcleo formado alrededor de su liderazgo cuando Chávez llamó a constituir el “partido único de la revolución”, llamado que, como se sabe, solo fue atendido a pie juntillas por los comprometidos de la primera hora. A partir de entonces, la unidad en el gobierno ha sido una curiosa operación similar en parte al manejo de la disciplina en una instalación militar y en parte a la administración de una rica herencia a la que la prodigalidad ha terminado convirtiendo en sal y agua. En el campo de la oposición, después de la experiencia más o menos tumultuaria de la Coordinadora Democrática, sin duda difícil de manejar pero interesante y variada en sus expresiones políticas, a partir de las elecciones generales de 2006 y sobre todo desde 2009 cuando nace formalmente la MUD, el esfuerzo unitario se ha concentrado en la administración de las coincidencias y diferencias electorales inducidas por la sucesión de comicios realizados en el país. Desde esta perspectiva resulta cuando menos una exageración afirmar o creer que la MUD es una alianza política, en el sentido propio de esta última expresión.

La conformación y consolidación de los acuerdos políticos trascendentes, vale decir de aquellos que no deben ser confundidos con simples coincidencias electorales, son, por lo general, el resultado de experiencias  traumáticas, de desencuentros históricos lacerantes, al mismo tiempo que el fruto de esas severas revisiones que hay que hacer de vez en cuando sobre la conducta de los hombres, de las organizaciones políticas y de los partidos en las luchas por conquistar el poder, especialmente de aquellas que han terminado en fracasos.

Como simple ilustración de lo que decimos podemos recordar que una evaluación de la situación del país  con la calidad de la que estamos hablando no se pudo hacer cuando el gobierno de facto que había derrocado al presidido por Don Rómulo Gallegos convocó en 1952 a la elección de una Asamblea Constituyente. Estaban abiertas todavía las heridas dejadas por el rompimiento de la alianza cívico militar que produjo el 18 de octubre de 1945; se sentían vivos los ecos del asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, y estaban demasiados frescos los sentimientos encontrados y las palabras duras que separaron a los principales partidos y líderes políticos que llenaron la escena nacional entre 1945 y 1948. Los acciondemocratistas ilegalizados que habían anunciado su abstención votaron por la opción que encabezaba el doctor Jóvito Villalba no como resultado de un acuerdo político o de una coincidencia electoral sino la expresión de esas determinaciones que toman los pueblos cuando sus líderes guardan silencio o se privan ante las circunstancias especiales. Los venezolanos sintieron que el vencedor había sido el partido de Villalba pero como no existió ni unidad política ni electoral se le escamoteó el triunfo. Se había olvidado que las dictaduras no reconocen los triunfos ajenos, solo admiten los que preparan en su propio beneficio.

Fue necesario esperar diez años para que en 1958 la digestión política del país estuviera preparada para que los venezolanos aceptaran la firma del llamado “Pacto de Punto Fijo”. El 31 de octubre de 1958, a treinta y seis días de la fecha establecida para las elecciones, Rómulo Betancourt y Gonzalo Barrios por Acción Democrática; Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas por URD, y Rafael Caldera, Pedro del Corral y Lorenzo Fernández por Copei firmaron el único acuerdo político verdadero del que se tenga noticia en la historia de Venezuela distinto al Acta de Declaración de la Independencia. El texto era preciso: un acuerdo de gobernabilidad, sostenibilidad de la recién instaurada democracia, un gobierno de unidad nacional y como anexo un programa de gobierno mínimo común que, en su conjunto encerraban la defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. No fue necesario porque no hizo falta un acuerdo electoral, el acuerdo político que era lo sustantivo lo comprendía. Había partidos políticos bien constituidos en todo el país, con buena organización, alimentados doctrinariamente con ideas bien definidas y, sobre todo, existía un liderazgo nacional reconocido y respetado.

En cambio, muy cerca de las elecciones presidenciales de 1993, cuando se acercaba a su final el período con el que se completaba la presidencia interrumpida de Carlos Andrés Pérez (II) y el país se sentía no solo sacudido por los acontecimientos de los últimos cinco años, sino inseguro ante los signos que presagiaban un futuro incierto, no hubo la receptividad esperada al Acuerdo Nacional propuestos por el doctor Ramón J. Velázquez en septiembre de 1993 con la intención de ofrecerle apoyos sólidos al gobierno que se encargaría en 1994, que a la postre resultó ser el último del ciclo democrático iniciado el 23 de enero de 1958. Con todo y la experiencia vivida en los últimos treinta y cinco años y a pesar de ser el doctor Rafael Caldera, candidato finalmente triunfador en 1993, uno de los firmantes del pacto de Punto Fijo, se demostraba con lo que estaba ocurriendo que la política que ha sido calificada por distintos analistas como el arte de saber gobernar; la ciencia del poder; la habilidad para solucionar conflictos mediante acuerdos, era también y al mismo tiempo una  azarosa realidad que podía inducir a equivocaciones y graves errores a sus líderes individuales o a los partidos incapaces de comprender y de actuar a tiempo para evitar el naufragio de una importante experiencia política como la vivida por Venezuela.

Volver en Venezuela a la plenitud del ejercicio de la política no será tan rápido ni tan fácil como todos desearíamos. Que los partidos vuelvan a ser organizaciones fuertes, unidos por complejos de ideas bien articuladas, integrados en las familias doctrinales a los que varios de ellos dicen pertenecer o sentirse afines y, sobre todo, volver a contar con un sólido liderazgo que merezca no solo la lealtad de los militantes sino el respeto de la colectividad son tareas que tomarán su tiempo. Ahora bien, sin desestimar la participación en las citas comiciales que la Constitución, las leyes y las decisiones administrativas de los organismos correspondientes adopten, a la política hay que sacarla del encierro de lo meramente electoral. Creemos que es posible formular un conjunto coherente de iniciativas que vayan desde el cuadro político actual que presenta nuestro país hasta las iniciativas que pudieran abarcar la duración de un período constitucional. Por creer en la pertinencia de explorar esa posibilidad es por lo que nos permitimos presentar las ideas que se exponen a continuación a partir del presupuesto general que anunciamos de seguidas. Con la sola excepción del fanatismo en funciones de gobierno; del pretorianismo que rodea y se beneficia del poder así como del club de intelectuales extranjeros y algunos nacionales que cobran por su “peculiar solidaridad” gracias a las asesorías contratadas con el “socialismo del siglo XXI”, casi todo el mundo en Venezuela y en buena parte del ámbito internacional comparten el diagnóstico de que la crisis que azota al país es tan amplia, profunda y compleja que no podrá ser superada tan rápidamente como la irresponsabilidad lo promete. Lo primero que se impone, por lo tanto, es hablarle con total  franqueza a los venezolanos y eso supone, de entrada, diseñar un programa en el cual se puedan distinguir los objetivos tácticos del cambio por el que se lucha, de los objetivos estratégicos. Esto no quiere decir, en absoluto, que de algunas cosas hablaremos ahora y de otras cuando el tiempo, las circunstancias o las ganas de los dirigentes lo permitan. Hay que trabajar en todos los aspectos del cuadro crítico desde ya mediante la articulación de equipos y grupos humanos competentes y capaces de ofrecer resultados, así no sean completamente acabados, en el transcurso de este mismo año. Sabemos que en distintas partes de Venezuela y afuera también, hay compatriotas que individual o colectivamente están trabajando en el asunto, por ello nos atrevemos a correr el riesgo de referirnos a algunas materias sin que de ninguna manera la enumeración signifique un orden de prioridades.

1.- La respuesta que con más urgencia y más ansiedad espera hoy la gente es tener indicaciones precisas de como abordará el gobierno que venga la escasez de lo que no se consigue en Venezuela y cuanto tiempo le tomará aproximadamente obtener resultados satisfactorios para calmar esa necesidad. Esta es una tarea profesional para economistas, sociólogos y políticos que saben, o deberían saber, que entre los venezolanos existe hoy una cantidad grande, probablemente muy grande, de gente al borde de la desesperación y una porción menor de apurados posiblemente con más capacidad de movilización pero que no será ni política ni éticamente tolerable aceptar que los más apurados sean atendidos primero. En esta situación no se puede mentir ni es dable equivocarse, hay que trabajar y hablar con la verdad por delante.

2.- Tal vez ayude a comprender lo que se acaba de plantear si los políticos y la sociedad venezolana entienden y aceptan la formación de un equipo de compatriotas reconocidos por su competencia, su honestidad y su conocimiento de la realidad nacional del que se pueda esperar en el transcurso de este año lo que se debería proponer y hacer para comenzar a superar los problemas.

Si los partidos políticos democráticos junto con representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil venezolana (Conferencia Episcopal de Venezuela y responsables de otras confesiones religiosas; Universidades y Academias Nacionales; Frente Institucional Militar; Movimiento Estudiantil; organizaciones económicas nacionales; gremios profesionales y organizaciones sindicales, etc.) son capaces de identificar y escoger al coordinador del equipo al que nos hemos referido y que este coordinador pueda ocupar, llegado el momento, la representación nacional en unas elecciones presidenciales, así como identificar al grupo de hombres y mujeres que en número razonable se hagan cargo de los tópicos que más apremian al país echando las bases del futuro (economía; seguridad y justicia; educación y ciencia; salud; infraestructura; relaciones internacionales; etc.) probablemente estaremos en condiciones de desatar los nudos que nos amarran hoy y superar la desconfianza que nos paraliza.

Dos aclaratorias. Nadie debe encontrar en lo escrito criticas implícitas contra los partidos ni contra la MUD, como tampoco contra el propósito que se ha venido haciendo un espacio de someter a consultas primarias la selección de candidatos. Si se lee bien lo planteado solo se está buscando un procedimiento útil en circunstancias que no deben ignorar las advertencias que casi todos los sondeos de opinión vienen reiterando acerca de la frágil confianza de los venezolanos en relación con el gobierno y con los partidos políticos. Lo segundo, que no estamos tratando de pasar de contrabando un plagio del “shadow cabinet” de los británicos pues muy lejos de nuestra intención está la de fundar una leal oposición a su majestad.

3.- El país democrático que hoy lucha por sobrevivir en Venezuela anda en busca de certezas sobre el futuro pues añora muy poco del pasado. Dicho en otras palabras, los venezolanos estamos urgidos por el apremio de construir entre el mayor número de compatriotas que se pueda una respuesta razonable sobre la democracia deseable y posible en el país. Esta es la única manera de no vernos obligados a la resignación de tener que repetir una experiencia que ya dio todos los frutos que podía dar ni ser forzados a recaer en el penoso cambio que se intentó a partir de 1999. Hay otras alternativas que se pueden explorar a partir de lo ya vivido. La clase política venezolana y los distintos sectores sociales del país estamos retrasados con respecto a esta tarea.

En Venezuela habrá de convocarse de nuevo al Poder Constituyente pero sin la motivación de hacerlo para salir de un mal gobierno sino para reconstruir la República. Desde nuestra perspectiva esto quiere decir, por ejemplo, redactar un nuevo texto constitucional no entre gallos y medianoche sino como la tarea fundamental de una comisión de altísima competencia profesional que pudiera ser presidida por el Presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, o el Rector de la Universidad Católica Andres Bello padre José Virtuoso o por el exRector de la UCAB padre Luis Ugalde. Allí deberíamos encontrar proposiciones sobre la nueva democracia, sobre la moderna organización de los poderes públicos, sobre la organización político-territorial de la República que fortalezca a los estados, la municipalización del país, y, entre otras cosas, la delicadísima y trascendental tarea de edificar un sistema de administración de justicia que llegue a ser la garantía y no la amenaza de la democracia.

Mérida, febrero de 2017.

Notas

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(*) El título del artículo, tal como lo propuso el autor, es más largo. Para llamar la atención lo hemos recortado. Originalmente es : LA SOMBRA DE LA ANTIPOLÍTICA EN LA CRISIS DE LA OPOSICIÓN DEMOCRATICA DE VENEZUELA Y COMO INTENTAR SALIR DEL PROBLEMA. 
(**) La imagen se ha tomado de:
https://reflexionesdec1udadan0x.wordpress.com/2014/07/20/la-inutilidad-de-la-antipolitica/