Por Cristian Uzcátegui Terán
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El crimen
en Venezuela ha conseguido imponernos a fuerza de balas y violencia su forma
tiránica de existencia. Es tanto el poder de acción que posee el hampa, que tiene
la capacidad de suspender nuestras garantías constitucionales en cualquier momento.
El Estado venezolano ha fracasado frente a este poder, ya que el hampa ha creado
un “Estado espurio y paralelo” que controla jurisdicciones territoriales en
el país, se adueña de competencias que son de su estricta incumbencia, que
tiene capacidad de decidir sobre la vida de los ciudadanos, y que ha expandido
sus tentáculos de organización, deformando la función de gobierno con la
corrupción como principal cómplice del delito.
Como
ciudadanos estamos obligados por circunstancias que muchas veces se escapan de
nuestras manos, a sobrevivir y coexistir bajo los dictámenes de la violencia y
el miedo. Nuestros derechos colectivos sufren de la misma impostura que aqueja
al Estado. El derecho a la vida, la libertad de tránsito, el derecho a la
propiedad, el derecho a la denuncia, y el derecho a mantenernos informados
sobre las peripecias del crimen, son vulnerados y se convierten en limitaciones
de un nuevo estilo de vida que debemos asumir, si pretendemos resguardarnos del
alcance de la delincuencia.
Si bien,
el hampa en Venezuela no es asunto nuevo, ni mucho menos podemos atribuirle su
existencia, al actual gobierno nacional. En 1993, durante la campaña electoral para
las elecciones presidenciales en las cuales fue electo el Dr. Caldera, la
criminalidad violenta en sus distintas formas constituía el principal problema
para el país. Según cifras extraídas para ese entonces, la tasa de homicidios
ascendió a 21 por 100.000 habitantes, siendo la cifra total de 4.292
homicidios para el año. De ahí en adelante, la violencia criminal nos ha
sumergido en una espiral interminable de pérdidas humanas. Para el 2013, las
cifras oficiales y extraoficiales, no han hecho más que incrementar. Según el último
balance en materia de seguridad suministrado por el Ministro del interior
Rodríguez Torres, la tasa de muertes “oficial” registró 39 homicidios por
100.000 habitantes. Mientras diferentes ONG como el (OVV) y grupos consultores
en materia de seguridad hablan de una tasa de 79 homicidios. En ambos casos, es
alarmante la magnitud que demuestra la lectura de estas cifras ya que ambas
representan unos 11 mil y aproximadamente 25 mil venezolanos muertos por
violencia criminal.
En 14
años de revolución se han implementado más de 20 planes de seguridad, todos
derrotados por el hampa. Luego del lamentable asesinato de Mónica Spear y su esposo,
el presidente Maduro, presionado por la opinión pública, lanza un juramento expiatorio
y ofrece golpear con su “mano de hierro” a todo aquel que asesine y lastime inocentes.
Luego de esa reacción forzada por los medios, muchos venezolanos nos preguntamos:
¿Era necesario qué, el hampa cobrara la vida de una ex reina de belleza para
que el Estado reconociera la crisis de inseguridad en la que estamos metidos? Y
¿El resto de los venezolanos que diariamente han perdido sus vidas de manera
injusta durante estos 14 años?
Acaso
¿Esos muertos no tienen dolientes?
Mientras
tanto ¿Cuál fue la respuesta del hampa? La risa, la desfachatez, la indolencia ante
la muerte de inocentes. Mientras el país llora sus muertos, el hampa ríe. Y nos
recuerda que la declaración de guerra sigue en pie. Advirtiéndole al Estado:
“Aquí mata el que puede y no el que quiere”.
La crisis
desborda. La institucionalidad en Venezuela está fracturada. Muchos buscan,
señalan y quieren culpables. Este gobierno; sus políticos, son tan culpables y responsables
como los gobiernos antecesores. Han dejado crecer en las entrañas del país a un
monstruo que no vieron venir. Este ser, es hijo de la precariedad, de la
violencia, del odio, de la intolerancia y de la falta de Estado. El modelo
rentista y plebiscitario ha fracasado porque no es capaz de encauzar a una
sociedad contrahecha bajo sus mismos principios. Una economía inestable e
inflacionaria no permite afianzar una cultura del trabajo, de forma contraria,
es la negación de una sociedad productiva, porque alienta al ocio, al
enriquecimiento ilícito y seduce a muchos venezolanos a convertirse en delincuentes.
No puede
haber moral, ética, ni valores, en un país que sufre de anomia colectiva. Un
país cruzado por la radicalidad de la palabra incendiada, disfrazada de
proyecto político. Un país en donde los principales denunciantes del crimen,
resultan ser los mayores corruptos. Aquí la hipocresía es democrática. Mientras
tanto, los “PRANES” atrincherados en las cárceles siguen mandando dentro y
fuera de ellas, entretanto le permiten al Estado nuevas concesiones para
futuras negociaciones de apaciguamiento carcelario. Los mercados del
narcotráfico y venta ilegal de armas crecen y se diversifican. Mientras
el mercado de alimentos desfallece, haciendo gala de sus anaqueles vacíos.
Para
culminar me permito citar al Jurista español Tomás y Valiente quien fuera
asesinado por el grupo terrorista ETA en 1996. En uno de sus últimos artículos titulado: “Razones
y tentaciones del Estado”, sostiene que entre las principales tentaciones
que pueden suscitarse dentro de un contexto social para amenazar la razón y
justificación del Estado, se encuentran la “pérdida de la calle”. “La calle es
símbolo y realidad del Estado, escenario de libertades, ámbito de la paz y la
seguridad de los ciudadanos”. Perder la calle, se convierte en sinónimo de
perder la paz, al perder la calle se pierde todo. Y en la misma medida en que
se pierda la paz, se pierde al Estado.
Vivimos
en un país en Estado de indefensión, porque progresivamente el crimen nos ha
secuestrado la garantía de la paz. Todo hecho bajo las narices del Estado. Será
qué ¿Hemos perdido al Estado? O el ¿Estado nos ha perdido a nosotros?
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