Por Rubén Orlando Noguera
Posterior a las propuestas diplomáticas avanzadas
desde la OEA, la intención del régimen autoritario de Nicolás Maduro de adelantar
un proyecto constituyente írrito, ha desatado la condena internacional de
gobiernos e instituciones. Algunas, como las provenientes del gobierno de
Donald Trump, la Unión Europea y de la reciente cumbre de Mercosur, pueden
traer consecuencias devastadoras para la muy precaria legalidad y
sostenibilidad del régimen
La amenaza de Trump
La advertencia efectuada por la administración Trump
contra el gobierno de Venezuela, pudiera concretarse no solo en medidas de
embargo de cuentas o de anulación de visas
contra personeros del régimen, también podrían considerar sanciones
financieras que repercutirían sobre el sistema de pagos del petróleo que PDVSA
exporta a esa nación, y...
Estas medidas punitivas contra el gobierno venezolano, pueden ir más allá del
boicot al sistema de pagos. En la mira del gobierno americano, está la
empresa Citgo, propiedad de PDVSA -administra en suelo norteamericano una red
de aproximadamente 5.800 estaciones de servicio, terminales portuarios y
refinerías – que puede ser blanco de
embargos. Esta perspectiva, ha llevado a la empresa petrolera rusa Rosnef,
poseedora de un colateral del 49,9% de Citgo,
-como garantía del préstamo realizado a Venezuela en 2016- a replantearse la modificación de este aval
por participación en campos petroleros en territorio venezolano y productos
refinados, según anunció la agencia
Reuters en nota de prensa el 20 julio. Quedaría todavía pendiente, la decisión
de prohibir las importaciones petroleras provenientes de Venezuela y las actividades comerciales con el país.
Este conjunto de medidas, no constituyen
necesariamente una novedad. En 2012, Los Estados Unidos y la Unión Europea
impusieron un conjunto de sanciones económicas y diplomáticas contra Irán, como
parte de las restricciones aplicadas a esa república islámica por el desarrollo
de su programa nuclear. Las mismas, trajeron como consecuencia, la pérdida de
parte de la capacidad exportadora de Irán
-1,2 millones de barriles diarios, que representaban cerca de un 50% de
los ingresos por concepto de exportaciones petroleras- boicot a las inversiones
extranjeras, disminución de las transferencias de tecnologías y aislamiento
internacional.
Luego de un ciclo de negociaciones donde las
autoridades iraníes acordaron la reestructuración de su programa nuclear y la
supervisión internacional del mismo, las sanciones fueron levantadas a partir de enero del 2016.
La cumbre de
Mercosur
El Mercosur (Mercado Común del Sur) se sustenta en el
“Protocolo de Ushuaia” (Cláusula
Democrática del Mercosur). El artículo 1 del mismo, establece como condición
esencial para la adhesión de un Estado al bloque suramericano, la plena
vigencia de la democracia como norma de gobierno, además contempla la
posibilidad de suspender los derechos y la participación de aquellos países
violatorios de las normas establecidas en el mismo. La ratificación del
estamento democrático, está de igual manera contemplada en el Protocolo de
Montevideo sobre compromiso de la Democracia en el Mercosur (Ushuaia II),
documento suscrito el 20 de diciembre del 2011 por los Estados miembros,
incluida Venezuela.
La estadía de Venezuela en Mercosur ha estado viciada
y llena de conflictos desde el mismo momento de su afiliación al bloque
sudamericano. Baste recordar que la anexión se logró después de la suspensión
de Paraguay como miembro pleno, en una jugada política, que contó con el
padrinazgo de los entonces gobernantes de los otros países miembros. Esta
situación ha cambiado, con el relevo de los gobiernos “amigos” del régimen
venezolano en Brasil y Argentina.
A diferencia de la resolución previa contra
Venezuela, sustentada en el incumplimiento de los compromisos jurídicos
establecidos para la incorporación plena al bloque de naciones, la reciente
cumbre celebrada en la ciudad de Mendoza (Argentina) el pasado 21 de
Julio, trató la situación de ruptura del
orden institucional en Venezuela, tipificada por el creciente autoritarismo,
violación del Estado de Derecho, autonomía de los poderes, militarización y violación de los Derechos Humanos.
Los mandatarios sudamericanos asistentes a la Cumbre,
suscribieron la resolución sobre Venezuela (con la excepción de Evo Morales) y
aunque la misma fue menos contundente, por la posición del presidente uruguayo
Tabaré Vázquez, no deja de ser un claro y definitivo mensaje de advertencia al
régimen venezolano, al cual se le exhorta a suspender el llamado a convocar a
una Asamblea Constituyente, “…al cese de
toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas,
instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de
Derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las
garantías constitucionales y los derechos humanos". De persistir la
actual situación, el próximo paso pudiera ser la expulsión definitiva de
Venezuela del bloque suramericano.
Venezuela continúa bajo observación internacional,
los próximos días producirán cambios dentro de este complejo contexto de
desarrollo histórico.
*Publicado por El
Impulso, Barquisimeto (Venezuela) 30
Julio 2017.
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