Por: Roberto Rondón Morales. 30. 10. 2026.
La Ministra del PP para la Educación Universitaria anunció la elaboración de una nueva Ley para las Universidades, redactada según ella, primero por el CNU y después, corrigiendo dijo que en consulta con las Universidades. Recordamos respetuosamente a la Señora Ministra lo siguiente.
Sin duda hay que considerar que la actual Ley de Universidades de 1958, reformada en 1970 como una decisión punitiva gubernamental, fue resultado de una etapa de unión nacional, política por los partidos existentes AD, COPEI, URD y PCV, que reconocieron la transcendencia de esta institución, y de una sabia conciliación de modelos universitarios mundiales. Autónomo Latinoamericano, Pragmático para el Desarrollo norteamericano, Liberal para formar ciudadanos, inglés; estadal docente francés y científico alemán.
Lo anterior generó una genética universitaria, que es el único aspecto que defienden unánimemente todos, desde uno a otro extremo político, salvo cuando estos están en el gobierno y se convierten en enemigos de un criterio que defendían ardorosamente desde la universidad que los protegió y graduó. Allí había un espacio de libertad y posibilidad ideológica, política y académica que rechazan los que se van, pero que defienden los que se quedan, siendo ésta la primera y principal causa del fracaso de los anteproyectos de ley universitaria. Así, fueron redactados en 1981 por una Comisión presidida por el Dr. Enrique Farías Mata; en 1984 por la Comisión de los Sesenta presidida por el Dr. Miguel Layrisse; en 1986 por una Comisión Bicameral del Congreso Nacional presidida por el Senador Dr. José Mendoza Angulo y el Diputado profesor José Angel Agreda; en 1996 por una Comisión de Senadores conformada por los profesores Carlos Moros G, COPEI- UCV; Raúl Segnini Laya, Causa R- ULA y Pedro Beapertuy, AD- UDO, y para finalizar los fracasos, la Ley de Educación Universitaria aprobada por la Asamblea Nacional en 2010, y no promulgada por el Presidente Hugo Chávez.
Los gobiernos, antes y ahora, pretendieron con una nueva ley, organizar y sujetar un Sub Sistema de Educación Superior complejo y disperso por su creación clientelar, de manera que de entrada, la problemática universitaria no coincide en lo absoluto con la solucionática gubernamental. Como consecuencia, los proyectos fueron leyes reglamentarias, no principistas ni de desarrollo, que ahora además de reglamentar desean dominar y controlar al aprobar en el 2010, la Ley de Educación Universitaria que contempló 54 reglamentos que promulgaría el Ministerio, además del texto lleno de galimatías y lenguaje incomprensible.
Esto replanteó de nuevo la sensación que no hay una mínima relación ente la crisis universitaria y la solución propuesta por el gobierno.
De otro lado, las discusiones se han planteado como dicotomías: autonomía no autonomía, universidad libertaria o sometida, universidad tecnocrática o académica, universidad liceal o centro del creación de conocimientos. Esto se ha expresado en el título de las leyes: Educación Superior o Universitaria.
Los dos grandes asuntos de preocupación de los universitarios no se reflejan en los proyectos oficiales, lo que refuerza la sensación que los intereses del gobierno son otros. La academia, política, estratégica y financiamiento están abandonados por el gobierno como fundamento de la institución, y quienes la realizan, profesores, estudiantes, empleados y obreros también lo están. No hay una palabra sobre la seguridad social, salud, deuda social, medios y recursos de trabajo.
La brevedad obliga a mencionar que las discusiones de los proyectos se han dado en cenáculos y cúpulas capitalinas, expresión del centralismo largamente agotado.

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