domingo, 12 de junio de 2011

Incomunicados, sin periódicos y sin afrecho

Foto (*) 
Perico de los Palotes

Hace algunos días recordaba con un amigo  que  en la década de los 90 del siglo pasado, cuando estuve en la Habana (Cuba) me encontré con un académico español que visitaba la isla  y quien durante quince días la  pasó sin cepillarse los dientes, pues dejó el suyo  olvidado en Salamanca de donde partió para ir a la isla. Aquello me pareció insólito, pero lamentablemente real. El causante del  infortunio  fue el bloqueo, le explicaron con reciedumbre y contundencia los amigos cubanos del momento. No estaba lejos  el recuerdo de los amigos de la Universidad de la Habana que venían a la ULA y al regresar se iban cargados de  mil cachivaches entre ellos desodorantes, jabones, cremas de dientes  y pare Ud. de contar.  Ahora estamos llegando a esa realidad en nuestra querida Venezuela.

La autonomía universitaria un concepto complejo

Humberto Ruiz (*)

El 28 de marzo de 2001 un grupo de estudiantes  de la Universidad Central de Venezuela –con el apoyo no disimulado de altas esferas del Gobierno Nacional, en particular de la Vicepresidencia de la República en ese momento dirigida por Adina Bastidas-  tomó las instalaciones del Consejo Universitario de dicha institución. Durante más de treinta días se mantuvieron en el local de la máxima autoridad de la Universidad.[1]

La historia de este hecho, que trató de repetirse en otras universidades autónomas del país, no ha  sido reconstruida ni analizada con la necesaria objetividad. Viéndolo en perspectiva histórica,  en el hecho se mostraron las líneas fundamentales que ha tratado de impulsar el gobierno del presidente Chávez para controlar las universidades autónomas nacionales y algunas otras de carácter experimental, que han gozado de autonomía para elegir a sus autoridades. Hablamos aquí de la llamada “constituyente universitaria”.  Mecanismo que se ha modificado ahora por la estrategia del cerco presupuestario  y la desestabilización política electoral, para incorporar a la elección de las autoridades un concepto de comunidad universitaria  distinto  al  establecido en  la Constitución de 1999. Es decir, al imponer en la LOE el voto paritario entre profesores, estudiantes y egresados, y adicionar además el de los empleados y obreros de las instituciones universitarias.