miércoles, 26 de diciembre de 2012

Depués del 16D: Las fuerzas democráticas y el futuro inmediato



José Mendoza Angulo[1]


Los acontecimientos político-electorales con los que termina el año 2012 en Venezuela y la incertidumbre que se cierne sobre el destino personal del presidente reelecto, junto con las reacciones en el ánimo de nuestros conciudadanos que esos hechos han provocado, obligan, a quienes compartimos con muchos otros compatriotas la preocupación sobre lo que le espera a nuestra sociedad, a volver la mirada sobre nosotros mismos como nación para intentar despejar, de entre las marañas que nos rodean, un camino más sosegado hacia el porvenir del país. En el 2013 venezolano vemos más incertidumbres que certezas. Se palpa en todos los espíritus un estado de perturbación general.


Quienes desde el ejercicio del gobierno pudieran sentirse animados y seguros por los triunfos electorales del 7 de octubre y del 16 de diciembre pasados, deben enfrentarse ahora al riesgo probable –y al parecer inminente- de perder al líder único del “proceso bolivariano”, guardián exclusivo y personal de la llave de la caja de Pandora en donde no sin contratiempos se han guardado el orden y la disciplina internos del chavismo, su cohesión como partido, el equilibrio entre los integrantes del primer rango de seguidores de Chávez que entre si se sienten pares, la relación entre civiles y militares, las motivaciones de las vinculaciones internacionales y los verdaderos criterios conforme a los cuales se han manejado los cuantiosos recursos de los que ha dispuesto Venezuela en los últimos años. La perspectiva que se vislumbra es la de herederos en trance de administrar y repartirse una herencia dejada sin testamento con la sola excepción del reemplazante en la transición.

Y en cuanto al campo de las fuerzas opositoras, la derrota en las elecciones presidenciales cuando se habían formado tan serias expectativas de triunfo y, luego, el fracaso en los comicios de gobernadores y consejos legislativos estadales, han empujado a muchos espíritus al callejón de las penas sin consuelo y a otros tantos a alborotar el avispero de los cálculos francamente subalternos a que con frecuencia conduce la orfandad de las derrotas. La posibilidad de una nueva y pronta ocasión de optar por el poder, lejos de llamar a la racionalidad y al sentido pragmático de sacarle el mejor provecho al nuevo chance, ha desatado los demonios más repugnantes y repudiables. Las fuerzas democráticas están emplazadas a buscar respuestas inmediatas para retos que no pueden ser eludidos. Registramos en este momento cuatro de ellos.

Primero, escoger al líder que habrá de representarlas en la coyuntura de un nuevo proceso electoral presidencial, perspectiva que el propio Presidente de la República planteó al designar a su sucesor para ese evento. Honestamente creemos que el cuadro político actual circunscribe el asunto al nombre de Henrique Capriles Radonski por las siguientes cinco razones: a) haber salido su candidatura a la presidencia de la República de una consulta a las bases democráticas que tuvo lugar hace apenas diez meses; b) a pesar de su derrota, haber cumplido un papel en las elecciones del 7 de octubre que todos le reconocieron como altamente encomiable; c) el reciente triunfo en la gobernación del estado Miranda pese a haber sido derrotado en esa entidad en las presidenciales, lo que demuestra que no hubo desmoralización y que mostró una capacidad de recuperación envidiable; d) la obligante circunstancia de que de producirse la falta absoluta del Presidente de la República, la  elección para cubrir la vacante deberá realizarse en los 30 días siguientes, vale decir sin el ámbito temporal requerido para pensar en fórmulas o métodos más o menos complejos, y finalmente e) pertenecer al partido político integrante de la MUD más votado en las últimas elecciones.

Segundo, examinar las razones del esquivo y equivoco comportamiento electoral de los votantes frente a las opciones de las fuerzas democráticas. Visto globalmente, es verdad que en el país se ha configurado una correlación de fuerzas electorales más o menos pareja entre los partidarios del gobierno y los de la oposición cuando se consultan las urnas, pero completamente desequilibrada cuando la voluntad popular se traduce en funciones de representación nacional, estadal o municipal. Sabemos del peso que en ese desenlace han tenido y tienen el ventajismo del gobierno, la parcialidad del árbitro electoral y las manipulaciones de las normas vigentes por parte de entes administrativos y judiciales, pero eso no explica todo. Hay de por medio una áspera y hasta ahora irreconciliable confrontación entre dos concepciones del poder y de su ejercicio, una autoritaria y otra democrática, la primera de las cuales considera que el poder conquistado borra la correlación electoral de tal manera que el mandato recibido por la voluntad de una parte de los votantes se toma como si fuera recibido por el querer de la totalidad de ellos, lo que representa, objetivamente, el desconocimiento del juego democrático verdadero.

Tercero, evaluar en profundidad y aceptar las consecuencias de esa evaluación,  la manera como ha funcionado la unidad de las fuerzas opositoras del gobierno, el principio que ha regido esa unidad y el que debería ser su guía si se llega a la conclusión de que hay que lograr un entendimiento capaz de corregir las fragilidades que se observan en la actualidad. La historia de la unidad opositora a partir de 1999 ha pasado por varias fases. A raíz del colapso de los partidos políticos en 1998 y, en buena medida, por causa del sedimento dejado por las cargas de profundidad de la antipolítica, el rol dirigencial de la lucha opositora fue tomado por las fuerzas de la sociedad civil agrupadas alrededor de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y FEDECAMARAS, a las que más adelante se sumó Gente del Petróleo. Después del fracaso de la huelga petrolera y del intento de golpe de estado del 2002, se integró lo que se llamó la Coordinadora Democrática, una abigarrada agrupación de la mayoría de los partidos políticos sobrevivientes junto a expresiones individuales o grupales de la sociedad civil que en forma más o menos tumultuosa asumió la dirección de la oposición nacional prácticamente hasta la reelección de Chávez en el 2006. Objeto de infinidad de críticas, algunas francamente injustificadas, la Coordinadora se evaporó, hasta que en su lugar  apareció la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como una estructura interpartidista que colocó a los partidos políticos, de nuevo, a la cabeza  de la lucha contra el régimen  establecido por Hugo Chávez.  Pero la MUD, que sin la menor duda ha cumplido desde su creación una reconocida performance política, particularmente en el dominio electoral, y que debe ser mantenida, se ha movido en medio de particularidades que muestran  insuficiencias que es necesario poner de relieve y  corregir. Nosotros sentimos a la MUD como una institución frágil y esa fragilidad tiene que ver, a nuestro juicio, con los siguientes hechos: a) su existencia es el resultado de entendimientos entre partidos que son pequeños o se han hecho pequeños, que difícilmente volverán a ser grandes dado el grado de empoderamiento alcanzado por la sociedad civil y que se comporta más como una federación de organizaciones regionales en los cuales la perspectiva local dificulta tener una visión global, nacional, de la política; b) A pesar de su permanencia de más de tres años, de contar con una secretaría ejecutiva que se ha ganado el respeto de los partidos y de la opinión pública democrática y de haberse dotado de unas normas más o menos estables que regulan su funcionamiento, la perspectiva que mueve a la MUD es coyuntural, electoral, y eso obliga a preguntarse si la saturación electoral a que han sido sometidos los votantes a lo largo de los últimos 14 años ha producido en el ánimo de muchos una suerte de fatiga política que los hace repeler su participación en los procesos electorales juzgados menos importantes, más cuestionados o frente a los cuales es baja la motivación.  La MUD carece de una visión estratégica capaz de trascender el hecho electoral y de proyectarse  como una opción política de largo plazo; c) el cemento que une las partes componentes de la MUD es, básicamente, el antichavismo y no un proyecto nacional. Para utilizar una expresión de moda, no existe en la oposición un proyecto compartido de país, lo cual, por cierto, no es incompatible con la existencia de partidos con estructuras y concepciones ideológicas diferentes pero que tienen el denominador común de ser democráticos, y  d) Finalmente, haber hecho de la MUD una estructura solamente interpartidista, ha permitido que aparezca eso que Francisco Suniaga llama la “oposición de la oposición” y que una multitud de organizaciones de la sociedad civil criticas del gobierno y de sus actuaciones  orbiten en el vacío sin orientación alguna. La unidad capaz de conducir a la sociedad a un triunfo electoral, además de política debe ser social y, en virtud de ello, está obligada a encontrar las fórmulas para que esa manera de ser concebida se exprese organizativamente.

Cuarto, se ha avanzado bastante en la identificación de la naturaleza del régimen que actualmente existe en Venezuela pero se han hecho muy pocos progresos en la caracterización precisa de la crisis que ha llevado al país a la situación en que actualmente se encuentra. Este no es un asunto académico sino de la mayor relevancia política y por ello nos ha parecido pertinente abordar la cuestión con más detenimiento en la parte que sigue. Si llegáramos a ponernos de acuerdo en esta materia  tal vez podríamos superar las barreras que hasta ahora han impedido la formulación de un nuevo proyecto nacional y evitarle a nuestra sociedad el destino de un largo período de incertidumbre y desasosiego.
                                                                              I
No es una novedad ni una originalidad sostener que nuestro país vive, desde hace ya bastante tiempo, una honda crisis que rebasa con creces los límites de lo económico y de lo político. Tal vez sea un tanto más audaz sostener que los padecimientos actuales de Venezuela se parecen más al  trabajo de parto  que lanza señales del alumbramiento de una nueva época. Nuestros problemas actuales no comenzaron en 1998 y, por consiguiente, no terminarán si se piensa que basta con poner fin electoralmente al actual régimen político de Venezuela o esperar la muerte de quien lo lideriza para que el país reencuentre la senda que extravió en las últimas elecciones generales del siglo XX. Si los partidos políticos venezolanos, la Iglesia, el empresariado nacional, las universidades, los distintos sectores sociales del país, la intelectualidad más lúcida de nuestra sociedad y cada uno de los ciudadanos que hoy formamos parte de esta nación de 30 millones de almas, no somos capaces de darnos cuenta y aceptar las consecuencias de ese acto de consciencia, de que Venezuela llegó al término de una etapa de su historia, vamos a pasarla mal durante más tiempo del que todos desearíamos. De acuerdo a nuestro modo de ver las cosas, el actual es un proceso del cual, como ya ocurrió en otra oportunidad, puede quedar nuestra sociedad seriamente maltrecha y postrada si no tomamos consciencia de la gravedad de lo que está en juego y, por consiguiente, de la creatividad de la que hay que hacer gala y del esfuerzo que hay que realizar para que el futuro del país no se convierta, otra vez, en una incertidumbre secular. Pasemos revista a algunos hechos.

Al aproximarnos al último tercio del siglo XX empezaron a manifestarse serias contradicciones y desencuentros en el seno de nuestra sociedad a los que no les pusimos la atención debida. Esas manifestaciones adoptaron formas diversas que pusieron de relieve, a veces crudamente, las patologías sociales que enfermaban la estructura de todo el cuerpo social.
 El tablero de alarmas políticas fue el primero que empezó a enviar señales. Las disensiones y divisiones internas de los principales partidos se manifestaron desde comienzos de los años 60 pero superado el cabo de los tres primeros gobiernos constitucionales posteriores a 1958, la ruptura, el relajamiento y la administración burocrática del pacto de gobernabilidad  suscrito en el 58 y la pérdida de calidad intelectual de la dirigencia política nacional  indicaban que el sistema democrático entraba en una zona de riesgos. Recuérdese la alta votación lograda por el dictador Marcos  Pérez Jiménez ocho años después de su derrocamiento; el aparecimiento de la abstención electoral, como fenómeno malsano, a partir de 1978; el regreso de los radicalismos de derecha y de izquierda a la lucha política nacional; la degeneración de los partidos en maquinarias burocráticas clientelares manejadas ya no por dirigentes sino por directivos burócratas que suscitaban, junto con el funcionamiento de otras instituciones claves del sistema como el parlamento y el sistema de administración de justicia, el rechazo persistente de la opinión pública nacional, animados, estimulados y exacerbados, por supuesto, por quienes, a causa de la formas adoptada por el nacimiento de la “República Liberal Democrática” guardaban facturas históricas, y por quienes a la sombra de la democracia venían nutriendo proyectos personales o grupales de poder al margen de los partidos políticos. Poco a poco el escenario de la política se iba convirtiendo en terreno abonado para la antipolítica.

En lo económico el país sufrió, en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado, un serio accidente del cual muy pocas personas sopesaron de inmediato su trascendencia. Desde entonces y hasta ahora Venezuela no ha logrado superar la situación. Son ya 35 años seguidos de dificultades. Según Miguel Rodríguez Fandeo, en los años 1977-1978 se interrumpieron “los resultados satisfactorios del proceso de desarrollo venezolano desde los años cuarenta hasta (mediados) de los setenta…derivados de la política económica implementada con sorprendente consistencia en esas tres décadas”. Asdrúbal Baptista sostiene “que hacia los años 1977-1978 el curso de la economía venezolana sufrió lo que, de primera impresión, parecía solo un simple y convencional traspié. ¡Falsas impresiones! Más pronto que tarde ese aparente parpadeo reveló su verdadero contenido y mostró lo que llevaba adentro: un anuncio de que advenía un drástico cambio de rumbo; una indicación cada vez más inequívoca de que habían concluido un tiempo y sus formas económicas propias”. Y Orlando Ochoa sostiene que con la producción petrolera en ascenso a partir de 1925 el orden fiscal creado no solo se mantuvo a lo largo de varios gobiernos sucesivos, enfrentando todas las crisis internacionales, sino que fue la base de 50 años de crecimiento económico cercano al 6% interanual y una de las más bajas tasas de inflación del mundo para 1925-1975. El desorden fiscal iniciado en 1974, continuado por varios gobiernos, acabó con la trayectoria de estabilidad”.

La pérdida de la brújula económica y los problemas políticos tuvieron un correlato específicamente  social. Al acercarnos al final del siglo XX, la sociedad venezolana terminó superando los niveles de pobreza que se habían reducido con las cotas de progreso que habíamos logrado hasta los años 70. La población venezolana que había pasado de algo más de 6 millones de habitantes a cerca de 26 para ese tiempo; que terminaba la centuria presentando una disminución de su tasa de crecimiento de 3.7% anual a menos de 2%; que comenzaba a hacerse vieja y que se concentraba casi totalmente en los centros urbanos y mayoritariamente en el espacio centro-norte-costero del país, al concluir los años 1900 presentaba un cuadro social inquietante expresado en un porcentaje minúsculo de compatriotas que concentraba la mayor parte de la riqueza y cerca de un 80% de venezolanos en estado de pobreza generalizada y extrema.

Pues bien, todo esto no puede ser reducido a un mero traspié institucional o electoral en 1998. Este conjunto de factores y de fuerzas, en nuestra opinión, representan una verdadera crisis histórica de la que en nuestro país solo encontramos antecedentes en dos ocasiones. Subrayemos, en todo caso, que el calificativo de histórico que estamos empleando no es un recurso para llamar la atención o una exageración pedagógica sino una sopesada apreciación de los hechos.

Cuando en el último tercio del siglo XVIII, en el decir figurado del historiador Manuel Caballero, el imperio español “inventó” con el nombre de Capitanía General de Venezuela el espacio en el que más o menos nos reconocemos hoy, el naciente país debió acompañar al resto de la América en el largo proceso que terminó con la independencia de estos territorios y que, en el caso venezolano representó, hasta 1830, por sus extraordinarios aportes humanos, interminables guerras y desolación. Esa fue nuestra primera gran crisis histórica de la cual quedó, a todo lo largo del siglo XIX, una sociedad viviendo a salto de mata, sin instituciones y sometida a la trágica e interminable rotación en el poder de quienes se autonombraban generales y convertían a sus montoneras en “ejércitos” que para sobrevivir solo tenían al alcance de sus manos el asalto y el despojo de los escuálidos recursos del estado. En el último tercio del siglo XIX, después de la experiencia guzmancista de traer,  y de beneficiarse con ellos, los primeros capitales extranjeros, de delirar en medio de sueños de grandeza y de haberse prohijado conforme a cánones y ritos diseñados desde el poder la primera gran oleada del culto bolivariano, el país, que parecía ya no dar más, entró en un segundo período de crisis histórica de más o menos treinta años de duración. La liquidación del caudillismo decimonónico, la economía del café primero y luego la del petróleo, la hegemonía andina, el establecimiento del capitalismo en Venezuela, el comienzo de reinstitucionalización del país y la creación de un ejército profesional crearon las condiciones para que junto a eventos internacionales ocurriera lo que en términos de Germán Carrera Damas fue el tránsito de la República Liberal Autocrática, que había alcanzado su plenitud bajo el dominio tachirense, a la República Liberal Democrática. Este último hecho, ocurrido a raíz del 18 de octubre de 1945, representó la primera experiencia verdaderamente democrática en Venezuela que se prolongó, de más  a menos,  salvo el interregno perezjimenista, hasta 1998, cuando entramos de lleno en la fase culminante del actual período de crisis.

                                                                                  II
A pesar del resurgimiento del militarismo, de la exacerbación del rentismo petrolero, del colapso de las organizaciones partidistas, de la ruptura de la paz social, de la violencia delincuencial desatada y del empeño por establecer una geografía del poder basada en la voluntad de un solo hombre, lo cierto es que por debajo de la superficie de la Venezuela que observamos hoy es posible distinguir factores y signos que permiten alentar la esperanza de que no estamos condenados irremisiblemente al fracaso si se toma consciencia de las dificultades y de los rasgos que las caracterizan.

 En parte abiertamente y en parte de manera subterránea y solapada, hay dos fuerzas que se mueven y que se enfrentan desde hace tiempo en nuestra sociedad. La que vista hoy pareciera tener más vigor por desarrollarse a  la sombra del actual poder político, a pesar de la fuerte hegemonía y del control que ejerce sobre la vida pública, empuja al país hacia la ingobernabilidad. Esta tendencia se expresa en el quebrantamiento total de la institucionalidad articulada a lo largo del  siglo XX, en la indisciplina social creciente y en la alteración de los valores que se aceptaban como la argamasa de la nación. La otra fuerza, que luce hoy más débil, es la que se expresa en los partidos políticos que colapsaron en 1998 y cuya vitalidad de antes no ha logrado reaparecer en las nuevas formaciones partidistas surgidas desde entonces; la del movimiento sindical y gremial atomizado y arrinconado por la acción oficial; la del empresariado engordado con los cuidados del estado, y todos sin la consistencia ética que motiva el reconocimiento social. Somos muchos los venezolanos que todavía hoy estamos esperando de esas organizaciones una auténtica autocrítica, como lo llamarían los marxistas, o el examen de consciencia y el propósito de enmienda como lo denominarían los católicos.

Tal vez esto no se pueda hacer si no se produce una ruptura conceptual con la idea, más que con la tesis, de que las urgencias políticas empujan a la oposición a salir cuanto antes del régimen existente y como no se cuenta con un proyecto estratégico de país, muchos piensan que en el camino se enderezarían las cargas. Las coyunturas electorales se sortean, entonces, apelando, tal vez no conscientemente a una simulación equívoca. Esta consistiría en asumir la deuda social existente en el país con parecidos o los mismos criterios que han llevado al gobierno, a imagen y semejanza del capitalismo-leninismo chino, a vender la idea de un socialismo petrolero. La exacerbación del rentismo  petrolero por parte del gobierno se basa en la idea de hacerle creer a la gente que el repudiado y temido comunismo de antes no era más que una estafa teórica que impedía, para favorecer a los poderosos, utilizar los cuantiosos recursos que genera la industria petrolera para hacerlos llegar a los pobres bajo la forma de ayudas monetarias de la más diversa índole o de regalos en especie repartidos en la oportunidad de cada proceso electoral. Y entonces, ha faltado entereza para decir abierta y públicamente que las misiones alivian la pobreza pero que no la eliminan, o peor aún, que la prolongan en el tiempo rodeándola de la falsa ilusión de que se está luchando por la reivindicación histórica de los pobres.

Por supuesto, esta manera de abordar la lucha por la edificación de una nueva democracia minimiza o soslaya la cuestión ideológica que entonces se contenta con la crítica superficial de las actuaciones del adversario pero sin afirmar los valores propios. Y por esta misma praxis de la acción política se condenan al olvido respuestas que son inaplazables. Por ejemplo, si se justifica moralmente predicar la descentralización administrativa pero se conservan en las direcciones partidistas la centralización política de las decisiones que conciernen a la vida de los estados y de los municipios. O denunciar como condenables pecados antidemocráticos la reelección  indefinida de los gobernantes y la falta de alternabilidad en la función pública mientras que se mantienen y respaldan verdaderos feudos en algunos enclaves opositores y se prolongan indefinidamente hegemonías partidista o personales. ¿Estarían los partidos democráticos dispuestos a proclamar y practicar las elecciones abiertas para escoger a las direcciones partidistas a todos los niveles y a los candidatos para todos los cargos de representación popular, o limitar el tiempo que un dirigente puede permanecer al frente de un cargo de la estructura interna y a permitir y respetar sin interferencias, que no sean las derivadas de la vigilancia ideológica o programática, el rango de autonomía organizativa de las secciones de cada estado de la República?

Hablando francamente, no nos hacemos demasiadas ilusiones con que el país democrático pueda sortear el trance político actual de Venezuela confiando solamente en una eventual elección presidencial a realizarse en 2013. Lo que ha ocurrido en la República en estos últimos años es parte de un proceso que a estas alturas tiene un cierto grado de complejidad y superarlo para edificar una nueva democracia supondrá otro proceso, sobre todo si se toma en cuenta que la inmensa mayoría de las fuerzas opositoras al actual gobierno han optado por la vía democrática y constitucional para lograr sus objetivos lo cual supone asumir la lucha en condiciones de desventaja con respecto a lo que el gobierno se permite, pero ello le confiere a sus acciones una fuerza moral incuestionable. Para entender la anterior afirmación piénsese entonces en los siguientes hechos: hay un Presidente electo hasta el 2019; existe una Asamblea Nacional cuya composición no variará hasta el 2016 y terminan de elegirse unos gobernadores con mandato hasta el 2017. En estas condiciones es poco menos que imposible pensar razonablemente en la reinstitucionalización de los demás poderes y la renovación ética y profesional de las fuerzas armadas. Levantar una República de clases medias que es la verdadera forma de ganarle la batalla a la pobreza requiere crear las condiciones para operar una transformación verdaderamente revolucionaria del país que consiste hacer que nuestra sociedad deje de ser un mero producto del estado.

Pensando en la democracia, esta transformación interna de las partes componentes de la oposición venezolana, en especial de los partidos que integran la MUD, hará falta sea cual sea el rumbo político que en lo inmediato tome el país. Con lo cual queremos decir que no se nos escapa que el desenlace que puede conducir a la superación del actual modo de conducir a Venezuela tiene el riesgo de irse de las manos. En la hipótesis de que la sociedad venezolana tenga que ser convocada para elegir a un reemplazante definitivo del líder del “proceso bolivariano” y aún en el supuesto de que el candidato ungido salga victorioso en la coyuntura electoral a la que obligarían las circunstancias, la coyuntura a la que se enfrentaría Venezuela podría ser trágica. En efecto, en lo profundo de estas aguas superficial y aparentemente  tranquilas por las que navegamos hoy los venezolanos apenas se  disimulan las fuerzas profundas que, liberadas, pueden terminar en un desastre. Por las características de este régimen no ha sido posible que surja y se identifique lo que algunos historiadores llaman metafóricamente un “número dos de primera”, alguien que estando a la sombra o incluso actuando a la luz del día goce del reconocimiento, siquiera interno, para manejar una corta transición cuando falte el principal. No existe, tampoco, el líder colectivo, el “buró político” o el “consejo de estado”, con la respetabilidad y el dominio requeridos como para someter a un caballo partidista o social que se puede encabritar. Es que en medio de la abundancia petrolera en la cual nada el gobierno, todos los medios de comunicación registran a diario procesos objetivos de difícil gobernanza en lo político, lo económico y lo social capaces de convulsionar a toda  la sociedad.

Mérida, diciembre de 2012.



[1] Hemos solicitado estas reflexiones al Dr. José Mendoza Angulo, luego de las elecciones del 16 de diciembre pasado, con la aspiración de iniciar un proceso de análisis de los resultados electorales y de los escenarios  políticos y sociales que pueda vivir  el país  en los proximos tiempos. Agradecemos la gentileza y generosidad del Dr. Mendoza Angulo para dedicar su tiempo  y capacidad  en estos días tan poco propicios para el trabajo intelectual y esperamos  que el trabajo sirva  para ayudarnos  a pensar  en el futuro inmediato y  en las tareas a desarrollar como ciudadanos comprometidos  con la sociedad venezolana (HRC).