Tips sobre la autonomía universitaria

Estatua de Fray Juan Ramos de Lora, patio central de la ULA

Humberto Ruiz

La autonomía universitaria es un concepto complejo  y una práctica aún más difícil de ejecutar, mediante la cual se les otorgan a las universidades las condiciones necesarias para  cumplir con la  alta función de la enseñanza y el aprendizaje superior. La misma ha estado presente en las primigenias universidades europeas desde  la segunda mitad del siglo XI.  Hoy, se puede entender como las condiciones necesarias de libertad  para cumplir con las funciones para la producción de conocimiento, la preparación de profesionales altamente capacitados y comprometidos  con los desafíos de la humanidad. Y también, para convertir a las universidades en un espacio para  el desarrollo del pensamiento crítico, ajeno a toda interferencia de poderes externos e internos.

El concepto de autonomía refiere al menos  a siete ámbitos: autonomía teleológica, académica, administrativa, financiera, jurídica, gubernamental, económica y territorial.

Las universidades hispánicas y las coloniales, pese a la tutela  de la iglesia católica y de la corona española, gozaron de la mayor parte de las autonomías, antes  indicadas. En particular se les otorgó rentas, se les permitía dictar sus normas y en muchos casos era  el claustro el que elegía al rector, sus autoridades y determinaba a sus profesores.              

En el caso de las universidades de la colonia  española  en América,  contaron con autonomía universitaria como una herencia normativa que provenía de  las universidades de mayor tradición en España como son la de Salamanca y la de Alcalá de Henares.

Una tradición hispánica colonial desarrolló una práctica institucional estableciendo  una especie de orientación de las universidades  de mayor tradición con las de más reciente fundación. De allí que la Universidad de Caracas nace bajo el tutelaje de la Universidad de Santo Domingo. Así mismo, pese a haberse iniciado la ruptura del vínculo colonial,  en 1810, es decretada la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, con las prerrogativas y condiciones que tenía la de Caracas. Tutoría al inicio y cooperación ya más adelante, en el siglo XX, muestran un grado de compenetración que se produce por ser las universidades de mayor tradición, reconocimiento social y calidad en Venezuela.

La autonomía universitaria de la universidad de Caracas se fortaleció cuando el Libertador Simón Bolívar, decretó su Reglamento Republicano de 1827. Mediante el mismo se eliminaron las restricciones para acceder al rectorado y se la proveyó de abundantes bienes y rentas. Estatuto que será similar al aprobado por el Gobierno del Presidente José Antonio Páez, a proposición del rector de la Universidad de Mérida en 1832, el presbítero y Dr. Ignacio Fernández Peña.

Los gobiernos, liberales y conservadores, del siglo XIX en Venezuela no hicieron más que limitar la autonomía universitaria hasta atarla a las decisiones del Ejecutivo Nacional y dejar a la universidad a su arbitrio, en referencia al nombramiento de autoridades, profesores y sin bienes ni rentas.

Casi al terminar la primera mitad del siglo XX, durante el Gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, Presidida por Rómulo Betancourt, hubo un atisbo de reconocerle  a la universidad  su autonomía. Fue  la presencia del merideño y profesor universitario Rafael Pisani quien propuso  al gobierno la autonomía  y el cogobierno estudiantil. Conquistado éste de manera tardía,  pues se venía ejerciendo en otros países, siendo una innovación de las universidades Latinoamericanas y un logro de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918.

Volvemos a encontrar a Rafael Pisani, como Ministro de Educación de la Junta de Gobierno instaurada  luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, quien junto con el Rector de la UCV, Francisco de Venanzi, y el Presidente de la Junta, Edgar Sanabria, promulgan el Decreto Ley de Universidades del 5 de diciembre de 1958, consagrando la autonomía universitaria, que aún se mantienen vigente, aunque con importantes modificaciones que han ido limitándola cada vez más.

Durante más de cincuenta años, la mejor demostración de la valía del concepto de autonomía universitaria de 1958, es que las universidades  venezolanas que pueden mostrar índices de calidad reconocido internacionalmente, son las que la ejercen plenamente o gozan de alguno de sus atributos, en particular el nombramiento de sus autoridades.

Con la aprobación de la Constitución de 1999 en Venezuela se da rango constitucional a la autonomía universitaria, pero no por ello se la fortalece. La división y confrontación que vive la sociedad venezolana a partir del gobierno del Presidente Hugo Chávez, ha hecho que las instituciones, los actores sociales y políticos  que no aceptan el proyecto propuesto del chavismo, se vean cada vez más limitados en sus derechos, en especial aquellos relaciones con el de la disensión política.   Por ello las universidades autónomas, y en general  las que por la vía electoral se dan sus autoridades, son cuestionadas, criticadas y limitadas  en su presupuesto  y en sus exigencias de funcionamiento. Lo cual está haciendo un daño muy grande a las universidades autónomas, a la juventud venezolana en general y a las propias posibilidades de progreso de la sociedad.

Los procesos de globalización de la economía, el crecimiento y complejización de los medios de comunicación, así como las tendencias más recientes a la integración  e internacionalización de las universidades  en el mundo, como los que se están viviendo con  el llamado “Proceso de Bolonia” en Europa, han relanzado la discusión sobre la autonomía universitaria. América Latina está retrasada y en desventaja frente a la importancia  que la educación universitaria tiene en el mundo desarrollado. Temas como la calidad, la libre circulación de los egresados, la integración regional y la internacionalización de las universidades de América Latina, son los retos que la gestión universitaria autónoma  tiene en el siglo XXI.