Debate en Zea: ¿universidades o educación universitaria?

Humberto Ruiz

Foto: H. Ruiz

El pasado  primero de febrero fui invitado, por el alcalde Carlos Julio Rondón, a dictar una charla, sobre la Ley de Educación Universitaria (LEU), en la población de Zea, capital del Municipio del mismo nombre del Estado Mérida.  Zea tiene alrededor de nueve mil quinientos habitantes y ha crecido, de forma importante,  desde la última vez que la visité.  Tiene dos instituciones de educación media  y cuenta con núcleos universitarios de varias instituciones públicas. Se produce importantes cantidades de café, frutas y  leche.

En Zea nació, a finales del siglo XIX, Alberto Adriani, uno de los más brillantes venezolanos del primer tercio del siglo XX.  Desafortunadamente muerto en la plenitud de su juventud dejó importantes evidencias de sus inquietudes intelectuales y de sus ejecutorios  como funcionario gubernamental, durante el gobierno de Eleazar López Contreras.  

Frente a  un nutrido grupo de estudiantes del Liceo  José Ramón Vega y del Colegio Rita Mora de Barrios, y un importante grupo de profesionales universitarios  que hacen vida en la población, nos tocó intervenir sobre la LEU y sobre las universidades venezolanas.

Iniciamos la intervención explicando el concepto de universidades clásico. Son instituciones que cumplen cuatro finalidades bien reconocidas. La primera es ser productoras de conocimiento científico, técnico y tecnológico, razón por la cual sus profesores tienen una formación altamente especializada y deben contar con recursos de infraestructura elementales para cumplir esa finalidad: laboratorios  de investigación  y bibliotecas actualizadas en sus áreas de especialización.  No son universidades aquellas que adolecen de estas condiciones.

En segundo término  las universidades  forman profesionales con un bagaje, no sólo técnico  sino científico, que les permite explicarse los fenómenos de sus áreas de especialización e intervenirlos para producir bienestar individual y  social. 

En tercer lugar las universidades deben estar conectadas con su entorno más cercano  para que sean un espacio de estudio de sus problemas y de vínculo fructífero  de conexión para incrementar  el bienestar  no sólo económico sino social y cultural.  Haciendo que su labor académica, en cuanto producción de conocimiento y formación profesional,  esté  vinculado con  su entorno.

Finalmente, la universidad es también un espacio para el debate fundamentado, plural y civilizado sobre los problemas de la sociedad global, nacional y regional.

Para cumplir las cuatro funciones antes indicadas, desde el siglo XI, la universidades han tenido autonomía para organizar su vida interna. Es decir, para establecer, con la menor ingerencia de los poderes gubernamentales, religiosos y económicos, sus investigaciones, sus programas docentes, para administrarse y escoger sus profesores y estudiantes, para darse sus normas de funcionamiento para organizar su patrimonio, para elegir sus autoridades.  

El concepto de comunidad universitaria relaciona a los dos actores institucionales fundamentales que, en unidad, hacen posible las cuatro funciones anteriores. Es decir,  sus profesores y sus estudiantes. Sin docentes no hay ni investigación  ni docencia y sin estudiantes no hay formación profesional. Y con ambos es posible la extensión y el debate fundamentado y plural sobre las grandes incógnitas de nuestro tiempo.   

Cada una de esas funciones, así como la autonomía para funcionar y la constitución de la comunidad universitaria, están establecidas en los primeros nueve artículos de la vigente Ley de Universidades de 1958-1970. Lamentablemente  en la LEU no aparece claramente qué es una universidad y el concepto de educación universitaria incluye otras modalidades institucionales  que no tienen por que cumplir  con la totalidad de las funciones antes descritas.  De allí que las universidades, en particular las llamadas  autónomas, hayan lanzado su voz de alerta  sobre la LEU aprobada, entre gallos y media noche, por una moribunda Asamblea Nacional, el pasado 23 de diciembre de 2010.  Afortunadamente devuelta a la Asamblea Nacional por el Presidente de la República. Pero no por ello,  ha expresado el Gobierno Nacional, o alguno de sus voceros calificados, que es necesario preservar ese concepto de universidad y de la autonomía  que le es inherente.

No es gratuito que, desde el gobierno nacional, se hable de la educación universitaria y  no de universidades.  La distinción entre uno y otro concepto es fundamental y no debemos pasarla por alto.