jueves, 23 de diciembre de 2010

!Muerte de la autonomía universitaria¡ ¿Será posible?

Humberto Ruiz

En una patética sesión la madrugada de hoy,  la "moribunda" Asamblea Nacional, que concluye sus actividades dentro de trece días,  liquidó la autonomía universitaria  en Venezuela. 

La autonomía universitaria venezolana fue establecida  el cinco de diciembre de 1958, luego de la caída del régimen dictatorial de Marcos Pérez Jiménez.  Pese a las limitaciones introducidas  con su reforma parcial de 1970, que le otorgó un poder muy importante al  Consejo Nacional de Universidades en aspectos financieros y académicos -organismo siempre controlado por los gobiernos de turno-, sirvió para que las universidades nacionales  fueran instituciones  en sintonía con las transformaciones  que vivían las universidades  en el mundo. Fueron 58 años luminosos de las universidades  autónomas venezolanas, no sólo por el crecimiento de su actividad científica (se llegó a producir el 80% de la investigación del país), por la creación de carreras de pregrado, del  fortalecimiento de los postgrado de calidad, sino también por convertirse en un espacio  que permitió el desarrollo del pensamiento crítico  y de las libertades democráticas, hasta niveles  nunca antes visto.  



Pese a  las tensas relaciones que las universidades siempre tuvieron con los gobiernos nacionales, el espacio universitario  ofreció un lugar para que la disidencia política pudiera hacer vida académica y que muchos de sus dirigentes permanecieran en el país,  aún siendo opositores  e incluso asumiendo posturas subversivas frente  al Estado democrático.  La universidad les dio cobijo, a muchos de los que hoy desde el gobierno la atacan y justifican sin pudor el asalto que están cometiendo. A muchos de los dirigentes de la disidencia política, la universidad autónoma  les permitió trabajar  y formarse, incluso fuera del país, les facilitó establecer a sus familias y gozar de una relativa tranquilidad económica. Hoy, muchos de ellos desde la Asamblea Nacional "moribunda", han sellado o pretendido cerrar esa historia  luminosa de la universidad venezolana. Claro que, como toda realidad humana, a la universidad autónoma se le pueden hacer críticas  y en lo personal  hemos hecho esfuerzos importantes por eliminar sus defecto y estimular la excelencia. Pero, hoy no es el tiempo de  mirar sobre esta parte  sino sobre la otra, la que permitió darle una fisonomía de modernidad al país  y fortalecer la vida político democrática.

Quiero indicar que lo expresado críticamente de mejor manera hasta ahora, en estas pocas horas, de confusión y de atropello, lo ha dicho el Consejo Universitario de  la Universidad del Zulia que ha resumido en cuatro aspectos sus observaciones. Cada una de los cuales serían suficientes para que, en un régimen de derecho, la ley de universidades aprobada, fuera declarada nula, de nulidad absoluta.  

En primer término, por no haberse discutido con quienes son los titulares directos y legítimos de quienes tienen los derechos difusos de su aplicación, es decir las universidades autónomas. 

Segundo, porque en la ley se establece que la gestión universitaria debe servir a un modelo político de vida de carácter socialista, lo cual quebranta el mandato de la actual constitución de que las universidades deben servir al debate político plural y crítico. 

Tercero, porque otorga una absoluta hegemonía  al Estado, nosotros diríamos  que el Gobierno Nacional y al Ministerio encargado del sector, para controlar toda la gestión universitaria. 

Y, en cuarto lugar, destacan siete aspectos puntuales  que no por esa característica dejan de ser fundamentales: 
1. confusión en el papel de los egresados como parte de la comunidad universitaria; 
2. eliminación del termino de profesores o profesoras por trabajadores y trabajadoras académicas;  
3. eliminación de la figura del profesor a medio tiempo;
4. adelantar que se impedirá  que los profesionales universitarios venezolanos puedan trabajar  en otros países; 
5. cambio de las funciones centrales de la universidad de investigación, docencia y extensión, por las de formación integral, creación intelectual,  integración con las comunidades  que no son una simple modificación lingüística; 
6. exclusión del componente europeo del concepto de identidad nacional que sólo incluye al elementos indígena y afrodescendiente; y, 
7. aumento en forma desmesurada de la burocracia estatal por la cantidad de instancias, que se establecen a nivel nacional, regional, local e institucional para la implementación del nuevo modelo universitario.  

Por todo lo anterior, con muy buena perspectiva el Consejo Universitario de la Universidad del Zulia indica  que, no sólo se destruye todo vestigio de autonomía universitaria, sino que se va más allá se destruye a la propia institución, o se trata de liquidar a la universidad venezolana.  Ahora, ¿se puede eliminar la tradición bicentenario de algunas de las universidades venezolanas y su historia  con una ley? Lo vemos ciertamente muy difícil. Por ahora, hay que mostrar el rechazo a la ley impuesta entre gallos y media noche. 

Recordarles a los asambleístas  universitarios, muchos de los cuales van a volver a sus cátedras e instituciones, luego del cinco de enero, que la historia los juzgará.  Y lo más importante, recurrir a las instancias jurídicas  para impugnar la ley de universidades recientemente aprobada.  Sin mucha confianza en que haya justicia, pero pensando que no es posible callar ni otorgar.