El 28 de marzo de 2001 un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela –con el apoyo no disimulado de altas esferas del Gobierno Nacional, en particular de la Vicepresidencia de la República en ese momento dirigida por Adina Bastidas- tomó las instalaciones del Consejo Universitario de dicha institución. Durante más de treinta días se mantuvieron en el local de la máxima autoridad de la Universidad.[1]
La historia de este hecho, que trató de repetirse en otras universidades autónomas del país, no ha sido reconstruida ni analizada con la necesaria objetividad. Viéndolo en perspectiva histórica, en el hecho se mostraron las líneas fundamentales que ha tratado de impulsar el gobierno del presidente Chávez para controlar las universidades autónomas nacionales y algunas otras de carácter experimental, que han gozado de autonomía para elegir a sus autoridades. Hablamos aquí de la llamada “constituyente universitaria”. Mecanismo que se ha modificado ahora por la estrategia del cerco presupuestario y la desestabilización política electoral, para incorporar a la elección de las autoridades un concepto de comunidad universitaria distinto al establecido en la Constitución de 1999. Es decir, al imponer en la LOE el voto paritario entre profesores, estudiantes y egresados, y adicionar además el de los empleados y obreros de las instituciones universitarias.




































